Como Directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades declaramos lo siguiente:

1. El país ha conocido un nuevo hecho que afecta a las instituciones policiales y al país en su conjunto. El Cabo Primero, Daniel Palma Yáñez, asesinado el día de ayer, era un ciudadano chileno de 33 años, marido, padre de dos hijos, pero además un destacado carabinero que había recibido reconocimientos por el profesionalismo y dedicación con que desempeñaba su labor policial, en resguardo de la seguridad de los chilenos y chilenas.

2. Los alcaldes y alcaldesas de Chile enviamos nuestras sentidas condolencias a Carabineros, a las familias de los carabineros asesinados y a todo el país, porque nadie puede quedar inmune frente a esta situación. Los municipios tenemos contacto cotidiano con las policías y sabemos de su compromiso en la lucha contra la delincuencia, por eso nos duele enormemente esta situación.

3. El día lunes 10 de abril hemos convocado al directorio nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades, a una reunión de trabajo sobre la situación que se vive en nuestras comunas en materia de seguridad y delincuencia.

4. Es importante destacar que en días anteriores, hemos hecho un conjunto de planteamientos al gobierno central para mejorar la seguridad en nuestras comunas contribuyendo de esta manera al “Compromiso transversal por la seguridad” firmado esta semana.

5. Exigimos de los distintos órganos del Estado, la mayor celeridad en la tramitación de las leyes especiales en materia de seguridad así como también, un mayor resguardo, con equipamiento adecuado, a los policías que realizan operativos y procedimientos policiales. Porque como lo hemos venido advirtiendo reiteradamente, la realidad delictual del país ha cambiado y es necesario proteger a las policías de las bandas de crimen organizado y narcotráfico.
6. Para rendir homenaje a los mártires de Carabineros caídos en servicio en el último mes, llamamos a las municipalidades de Chile a izar sus banderas a media asta desde hoy hasta el lunes 10 y a los concejos comunales a proponer acciones que contribuyan a mejorar la realidad de seguridad en el país.DIRECTORIO NACIONAL ACHM

Aprueban proyecto que aumenta requisitos para su otorgamiento. La instancia respaldó la idea de legislar sobre la iniciativa que busca aumentar el tiempo de cumplimiento de las penas y exigir audiencia a las víctimas o sus familiares para evaluar si se entrega o no el beneficio.

Exigir una entrevista a las víctimas o a sus familias antes de definir si se otorga o no la libertad condicional a un recluso, es uno de los puntos que plantea el proyecto que modifica la ley para aumentar el tiempo de cumplimiento de la pena y exigir la audiencia a las víctimas o sus familiares, al evaluar la concesión o denegación del beneficio carcelario.

La iniciativa que cumple su segundo trámite en el Senado fue aprobada en general por la unanimidad de la Comisión de Constitución y quedó en condiciones de ser sometida a la consideración de la Sala.

Además de agravar las penas al delito de homicidio simple, el proyecto aumenta los requisitos a quienes postulen a la libertad condicional, como exigir una entrevista a las víctimas o a sus familias antes de otorgar el beneficio carcelario.

Asimismo, plantea aumentar de cuatro a seis los bimestres en que los condenados deberán tener conducta intachable para postular al beneficio de la libertad condicional y releva el informe psicosocial elaborado por el área técnica de Gendarmería, especificando que será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud.

Finalmente, limita la repostulación al beneficio solo después de transcurrido un año desde que fuese negada.

ANTECEDENTES

Previo a la votación en general, la Comisión escuchó al Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quien entregó cifras respecto de la disminución de las solicitudes de libertad condicional tras la modificación que se hizo el 2019 a la respectiva ley.

Indicó que actualmente la Cámara de Diputados está tramitando un proyecto sobre ejecución de penas en el que se consideran algunos aspectos sobre libertad condicional.

Al respecto, los senadores señalaron que dicha iniciativa puede tener una tramitación más larga, por lo que decidieron avanzar en estos aspectos específicos y aprobar en general el proyecto.

La Comisión también escuchó al profesor  Javier Wilenmann y al vicepresidente de la Fundación Amparo y Justicia, Héctor Arancibia, quien señaló que el proyecto apunta en la “dirección correcta” y que si bien la modificación de 2019 fue adecuada, aún hay aspectos que se pueden mejorar, como incluir determinados delitos graves en el catálogo que pide el cumplimiento de 2/3 de la pena como mínimo para acceder al beneficio.

6 de abril de 2023

A casi dos años de la elección de los gobernadores regionales, hemos podido constatar interesantes ejemplos de gestión y liderazgo. Es el caso de los gobernadores Rodrigo Díaz y Luciano Rivas, en Biobío y La Araucanía respectivamente, quienes han demostrado capacidad para convocar y movilizar a las distintas autoridades en escenarios de gran convulsión por hechos violentos. También el caso del gobernador Claudio Orrego, con la dificultad que supone dirigir una región como la Metropolitana; o el gobernador Patricio Vallespín, en Los Lagos, al invitar a conversar a distintos actores para identificar brechas, desafíos y compromisos en materia ambiental.

No obstante, en veredas opuestas encontramos casos donde el propio consejo regional cuestiona a su máxima autoridad por déficits de gestión y no son casos aislados. Si aplicamos la regla de ejecución, comparando el presupuesto inicial aprobado para los gobiernos regionales en 2022 con su ejecución final real, esta no habría superado el 85%, afectando con ello la capacidad de crecimiento y creación de empleos.

Cabe entonces concordar que la elección de los gobernadores es solo un eslabón de una compleja cadena de instituciones y decisiones que como país debemos construir. En tal sentido, uno de los desafíos más importantes sigue siendo la formación, atracción y retención de capital humano calificado en regiones.

Desde las universidades, es una tarea que debemos abordar con decisión, no solo asegurando la excelencia académica, sino que imprimiendo sólidos valores y estimulando el compromiso de los jóvenes con sus comunidades. Programas y proyectos destinados a involucrar tempranamente a estudiantes e investigadores en asuntos de interés público marcarán una contribución sustantiva para el desarrollo regional.

Pero se hace complejo atraer y retener capital humano calificado si no existen incentivos adecuados a la inversión, con procedimientos expeditos para iniciar nuevos negocios y estímulos tributarios transitorios. Por eso, el rol del Estado, en sus distintos niveles, debe ser entendido como un catalizador que promueva el pleno desarrollo de la actividad privada distribuyendo sus recursos de manera equitativa en el territorio. Por su lado, el sector privado debe contribuir en la generación de bienes públicos y el desarrollo sostenible de la industria de la mano de las comunidades.

Finalmente, un proceso de descentralización efectivo necesita de altos niveles de coordinación entre las instituciones del Estado: municipios, gobiernos regionales, ministerios y servicios públicos. Esto requiere un diseño orgánico de competencias y facultades bien definido y el compromiso político de las distintas autoridades de avanzar en un actuar complementario y no competitivo, articulado y no desconectado, motivados por el sentido de urgencia y la responsabilidad que exige administrar los recursos de todos los chilenos.

María Paz Troncoso Pulgar

Centro de Políticas Públicas

Facultad de Economía y Gobierno

Universidad San Sebastián

Ex Subsecretaria de Desarrollo Regional