Ocho ciudades entre Iquique y Punta Arenas

Participación de más de 500 autoridades locales

Temáticas que buscan mejorar la gestión municipal

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) inauguró la Escuela de Verano 2024 en diversas ciudades del país, marcando un precedente en la descentralización de la capacitación, fortaleciendo las herramientas y conocimientos de autoridades locales y funcionarios municipales.

Probidad y Transparencia; Turismo y Patrimonio; Finanzas Municipales; Vivienda y Planificación Urbana; Riesgo de Desastre; Proyectos de Inversión Social; Medio Ambiente y Transformación Digital son las temáticas que se imparten en esta Escuela 2024.

En estas capacitaciones, que tienen lugar en Iquique, Caldera, La Serena, Coquimbo, Puerto Varas, Castro, Coyhaique y Punta Arenas, se exploran temas fundamentales que afectan directamente el desarrollo local. Desde el enfoque en la probidad municipal hasta la transformación digital y la innovación tecnológica, son parte de los temas que se abordarán durante toda la semana.

Desde hace 30 años, que la ACHM reafirma su papel como líder en el fortalecimiento de la gestión municipal, proporcionando un espacio de aprendizaje y reflexión, que permite una actualización de las respuestas a las necesidades de las comunidades locales.

Estas capacitaciones -no solo- proporcionan conocimientos prácticos sino también fomentan un intercambio valioso de experiencias entre los participantes, enriqueciendo la colaboración y la implementación de mejores prácticas para el bienestar colectivo.

Este evento, que se extenderá hasta el próximo viernes 26 de enero, abordará una amplia gama de temas importantes para la gestión eficiente de las municipalidades.

Superintendencia de Insolvencia informa que en Chile se puede renegociar deudas en un trámite gratis, en línea y sin abogado. Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez Ramírez, comparte los pasos a seguir para comenzar el año con buen pie y saldar las deudas mediante un procedimiento administrativo de la Ley N.º 21.563.

A fin de iniciar un año más aliviado en torno a las deudas, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), aconsejó a quienes enfrentan deudas morosas a que se informen sobre la Renegociación, un trámite de la Ley N.º 21.563 que evita caer en un sobreendeudamiento severo.

“La prevención es clave en muchos aspectos de la vida y el ámbito financiero no es la excepción. Específicamente en materia de endeudamiento, este procedimiento es clave para no llegar a una insolvencia profunda y perder bienes”, señaló el Superintendente del ramo, Hugo Sánchez Ramírez.

La Renegociación, es un trámite absolutamente gratuito, que permite a las personas llegar a acuerdo con todos sus acreedores, para que puedan cumplir con sus obligaciones (deudas) mediante nuevas condiciones como: nuevos plazos más largos, intereses más bajos y a veces periodos de gracia. Además, no requiere contar con un abogado particular y se puede solicitar tanto en las oficinas de la Superir como en la página del servicio, www.superir.gob.cl, en el portal Mi Superir, al que se accede con Clave Única.

Al mismo tiempo, al término del proceso, el usuario puede solicitar al Boletín Comercial o a Dicom la eliminación del registro de sus deudas renegociadas o extinguidas.

Sánchez detalló que “este proceso no requiere de la representación de un abogado, ya que nuestros profesionales los asisten con una buena propuesta, para que en no más de tres meses, el deudor tenga un nuevo plan de pago, bajando su carga financiera de más de un 90% a solo un 50%”.

Agregó que “el 97% de los deudores que se ha acercado a la Superir, han logrado acuerdo con sus acreedores, ya que a diferencia de repactar- donde se intenta muchas veces con poco éxito negociar una por una todas las deudas- este procedimiento reúne en un mismo lugar a todos los acreedores y al deudor, quien ofrece, con la asistencia de profesionales de la Superintendencia, una propuesta para poder cumplir con sus obligaciones financieras”.

Para acceder a este procedimiento, la persona debe tener dos o más deudas vencidas por más de 90 días corridos y que sumen más de 80 UF ($2.945.000 aprox.), y la persona no debe haber sido notificada de una demanda judicial por deuda.

Es importante tener presente que los procedimientos que culminan exitosamente son aquellos en que el deudor tiene una intención real y seria de cumplir con sus obligaciones, para lo cual debe declarar con transparencia su situación financiera, especificando las deudas contraídas y los bienes que posee y ajustar su propuesta de renegociación a su real capacidad de pago.

Por último, la autoridad nacional hizo un llamado a informarse de la Ley a través de los contenidos de la página web, mediante teleatenciones que se pueden solicitar en el mismo sitio, teléfono o acercarse a la oficina regional que corresponda, recalcando que “queremos que las personas tiendan a mirar la insolvencia no como algo negativo, sino como una oportunidad para aprender a enfrentar una situación de sobreendeudamiento, utilizando las vías formales de solución y así volver a reemprender”, puntualizó.

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

www.superir.gob.cl

Estudio de la U. Talca: La investigación realizada por el académico de la Facultad de Ingeniería de esta casa de estudios, Armando Durán Bustamante, determinó que el año pasado se produjo un déficit en la construcción de viviendas sociales, a nivel nacional, superior al 50%.

Si no hay cambios en la velocidad de entrega de viviendas sociales, el déficit habitacional al cierre 2025 sería cercano a 750 mil casas, concluyó una reciente investigación de la Universidad de Talca que se basó en datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entregados vía Transparencia.

El estudio se denomina “Crisis habitacional en Chile: Construcción de viviendas sociales sin deuda”, y fue realizado por el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, Armando Durán Bustamante, quien determinó que el principal problema consiste en los tiempos de entrega de estas soluciones habitacionales que van de los 5 a 10 años en promedio.

“Las cifras del ciclo de vida, que es el tiempo en que se conforma un grupo habitacional hasta la entrega de las viviendas, no se ha acelerado y en algunos casos son superiores a los 15 años”, explicó.

De acuerdo con la investigación, a nivel nacional la cifra del déficit en 2023 llegó al 50,92%. Los casos más complejos se observan en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins, Los Ríos, Aysén y Magallanes, donde el déficit en la cantidad de viviendas sociales construidas en 2023 respecto al año anterior fue superior al 80%.

Uno de los puntos de inflexión se observa en las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), que son los organismos que asesoran a los comités habitacionales, los que -de acuerdo al estudio- presentan “una desigualdad ostensible en la postulación a los beneficios, enmarcándose principalmente en algunas zonas territoriales y desfavoreciendo a otras”, indicó el académico.

“Desde el punto de vista de la distribución territorial de las EGIS, sería esperable que el mercado las condujese a las regiones con mayor pobreza. Sin embargo, las consultoras participan desarrollando proyectos donde el ciclo de vida es menor, afectando la competitividad entre regiones y agudizando la crisis habitacional”, detalló.

Otra problemática se observó en la atracción de inversiones. “Se entrevistaron a EGIS y empresas constructoras para conocer cuáles son las mayores dificultades de la baja participación en proyectos de viviendas sociales, determinándose que la construcción de estas soluciones habitacionales, no ofrecen rentabilidad a los agentes que participan en el mercado y actualmente no es factible atraer inversión particularmente privada” indicó el profesor.

En este sentido, las acciones que podrían llevar a una mejora en la brecha de construcción de viviendas deberían apuntar a “trabajar con la demanda, la permisología y un mayor conocimiento de la trazabilidad para que participen nuevos actores, ya que el Estado actualmente cumple un rol fundamentalmente normativo y subsidiario del acceso a la vivienda a familias de menores ingresos”, manifestó el especialista.

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los datos obtenidos desde el MINVU, a los que se incorporaron cifras del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio de la misma cartera y entrevistas directas a 35 EGIS y 25 empresas constructoras nacionales.