El acceso a medicamentos exige fortalecer la atención farmacéutica.
El Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile A.G. rechaza categóricamente el Boletín
N.º 18.719-11, presentado por el diputado Diego Vergara y otros parlamentarios, que propone prescindir
del químico farmacéutico en determinadas farmacias. Esta iniciativa debilita una garantía sanitaria
fundamental para la seguridad de las personas: la dirección técnica y supervisión profesional del químico
farmacéutico.
La falta de acceso a medicamentos en comunidades rurales y aisladas es un problema real que exige una
respuesta urgente del Estado. Sin embargo, resolver esta brecha no puede significar reducir las garantías
sanitarias ni prescindir de los profesionales responsables de la atención farmacéutica.
Además, el proyecto propone una modificación general que no se limita a localidades aisladas, comunas
sin farmacias o situaciones excepcionales.
La dirección técnica no es un costo prescindible. La dispensación, la conservación de medicamentos, la
vigilancia sanitaria y la supervisión del fraccionamiento requieren conocimientos especializados y criterio
profesional. El Colegio reconoce el aporte de técnicos, auxiliares y otros trabajadores de la salud, pero
sus competencias no sustituyen la formación ni las responsabilidades propias del químico farmacéutico.
La labor del químico farmacéutico responde a exigencias sanitarias y legales cuyo cumplimiento debe
fortalecerse, no debilitarse, especialmente ante las amenazas que representan la venta ilegal, el tráfico
y la falsificación de medicamentos. En este escenario, contar con supervisión profesional resulta
fundamental para resguardar la procedencia, calidad y seguridad de los productos que llegan a los
pacientes. Debilitar los controles en las farmacias sería avanzar en la dirección contraria a la protección
sanitaria que el país necesita.
Por otra parte, existen alternativas para mejorar el acceso en territorios apartados. El Colegio ha
promovido opciones como las farmacias móviles y populares, además de impulsar la presencia de
profesionales farmacéuticos en localidades aisladas mediante programas de Etapa de Destinación y
Formación (EDF), a semejanza de los programas de profesionales generales de zona de otras áreas de la
salud.
El Código Sanitario también contempla herramientas para enfrentar estas brechas. Su artículo 129
establece la responsabilidad del Ministerio de Salud de adoptar medidas para asegurar la adecuada
disponibilidad de medicamentos, incluidas las alternativas previstas en el artículo 129 C. Asimismo,
existen posibilidades de acceso a través de establecimientos públicos de salud en los casos que
corresponda. Estas herramientas deben implementarse y robustecerse.
La Ley N.º 21.198, conocida como Ley CENABAST, constituye otra alternativa para mejorar las
condiciones de adquisición y reducir los precios de los medicamentos mediante la intermediación de
CENABAST y el establecimiento de precios máximos de venta al público para los productos comprendidos
en este mecanismo. Consolidar su aplicación y ampliar la cobertura territorial permitiría avanzar en el
acceso económico.
Tampoco existe garantía de que reducir los costos de funcionamiento mediante la eliminación de la
dirección técnica se traduzca en precios más bajos para los pacientes o en nuevos establecimientos en
las comunidades desatendidas. La iniciativa, por sí sola, no resuelve los problemas de abastecimiento,
logística ni continuidad de los tratamientos.
La farmacia no es solo un establecimiento comercial: es un centro de salud donde el medicamento debe
entenderse como un bien sanitario y social, no como una mercancía sujeta exclusivamente a criterios de
mercado. Garantizar el acceso implica asegurar disponibilidad, precios asequibles y una dispensación
segura, con la orientación profesional que necesitan los pacientes.
Por estas razones, el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile solicita al diputado Diego
Vergara y a los demás autores, retirar el proyecto en los términos propuestos, a la Comisión de Salud de
la Cámara de Diputadas y Diputados, rechazar la iniciativa en su formulación actual y al Ministerio de
Salud, emitir un pronunciamiento técnico y desarrollar una estrategia efectiva para mejorar el acceso
territorial a medicamentos, utilizando y fortaleciendo las herramientas que ya contempla la legislación
vigente.
Las comunidades rurales y aisladas tienen el mismo derecho a recibir medicamentos y una atención
farmacéutica segura y de calidad que quienes viven en las grandes ciudades.
Chile necesita medicamentos asequibles, establecimientos disponibles y atención farmacéutica segura.
Exigimos políticas públicas que garanticen estas tres condiciones, con pleno respeto a la legislación
sanitaria y al rol irremplazable del químico farmacéutico. El Colegio mantiene su disposición a colaborar
en las acciones sanitarias y legislativas necesarias para avanzar hacia ese objetivo.
Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile A.G.
Santiago, 14 de octubre de 2026

El aluvión en Las Condes revivió un debate indispensable. Tras la emergencia, las explicaciones han apuntado en múltiples direcciones: los incendios del verano, el avance del cambio climático, el encauzamiento de las escorrentías en ductos cerrados o la falta de monitoreo. Si bien todos estos factores tienen distintos grados de incidencia, hay un punto crítico que no podemos soslayar: la alcantarilla de Avenida La Plaza colapsó, incapaz de conducir el volumen de agua y detritos que terminó desbordando sobre una amplia zona urbana.

Ante este escenario, surge una pregunta legítima: ¿son los encauzamientos cerrados de quebradas obras intrínsecamente inseguras? La experiencia demuestra que tienden a fallar por obstrucción o ante caudales extraordinarios. Sin embargo, esto no significa que debamos satanizarlos ni catalogarlos como obras fallidas por definición. La efectividad de una solución de ingeniería depende directamente de una correcta estimación del caudal y del volumen de sedimento esperados.

El verdadero problema es que seguimos urbanizando y diseñando infraestructura para un clima que evoluciona. El cambio en los patrones meteorológicos y la mayor variabilidad de los ciclos de El Niño y La Niña exigen reevaluar de manera urgente los criterios de diseño urbano.

En primer lugar, la prioridad conceptual debe cambiar: siempre que la trama urbana lo permita, debemos preferir los cauces abiertos que respeten el trazado natural de la quebrada. Dotar a estos trazados de zonas de inundación e infiltración controlada es la forma más inteligente de disipar la energía y absorción de la escorrentía aguas abajo. En segundo lugar, cuando el confinamiento de la quebrada sea estrictamente indispensable, la obra debe concebirse como un sistema integral, complementándose con piscinas decantadoras o mallas de contención de detritos según las particularidades de la cuenca.

Por último, ninguna obra de infraestructura está completa sin inteligencia operativa. La gestión de los riesgos aluvionales requiere monitoreo en tiempo real. En este sentido, la incorporación de radares meteorológicos no es un lujo, sino una necesidad crítica de alerta temprana. Son estas herramientas las que permiten detectar tormentas de rápida formación e intensidad local que la tecnología satelital tradicional simplemente no logra detectar a tiempo.

El aluvión en Las Condes debe ser un punto de quiebre. No podemos evitar que llueva de forma extrema, pero sí podemos decidir cómo preparamos a la ciudad. La resiliencia urbana no vendrá de seguir haciendo lo mismo, sino de adaptar nuestra ingeniería a las exigencias del presente.

José Pedro Mery, director Escuela de Construcción de Iplacex.

Señor Director:

Las últimas cifras de empleo vuelven a poner sobre la mesa la urgencia de recuperar la capacidad de generar puestos de trabajo. En este desafío, la construcción cumple un rol relevante por su impacto en la inversión, el empleo y una extensa cadena de proveedores. Sin embargo, reactivar el sector no debería significar simplemente volver a hacer las cosas como antes.

La oportunidad es mayor: si queremos que los nuevos proyectos de vivienda, infraestructura u obras se traduzcan en un crecimiento sostenible, la reactivación debe ir acompañada de mejoras en productividad, procesos eficientes, una mayor coordinación entre los distintos actores y mejor información para la toma oportuna de decisiones.

La tecnología y la digitalización pueden contribuir a simplificar procesos, reducir tiempos administrativos y anticipar desviaciones que terminan encareciendo o retrasando las obras. No se trata de digitalizar por digitalizar, sino de aprovechar estas herramientas para ejecutar de manera óptima.

Chile necesita recuperar inversión y empleo, pero también avanzar hacia una construcción más eficiente y productiva. La verdadera reactivación no será solo construir más, sino construir mejor.

Ignacio Vila
Gerente General Chile de ICONSTRUYE