Se trata de un conjunto de estatutos que permiten obtener la nacionalidad española a aquellas personas que sean descendientes de ciudadanos de este país europeo.

Las reglas cambiaron y los plazos se acortaron. Es así como los chilenos descendientes de españoles podrán sólo hasta el 2025 postular a la de Memoria Democrática, también conocida como Ley de Nietos.

 

Sin embargo, dentro de esta mala noticia, está el anuncio de que el gobierno español ha introducido recientemente modificaciones a los procedimientos relacionados con esta ley, que otorgan mayor flexibilidad a los solicitantes que enfrentan dificultades para completar su trámite dentro del plazo establecido.

 

Recordemos que la “Ley de Nietos” es un conjunto de estatutos que permiten obtener la nacionalidad española a aquellas personas que sean descendientes de españoles.

 

Tiene como objetivo valorar el respeto a los derechos humanos y democráticos de España, específicamente en el período de la Guerra Civil Española y la dictadura de Francisco Franco (1936 a 1978).

 

Esta ley permite a los interesados presentar su solicitud hasta el 22 de octubre de 2025. Sin embargo, recientes ajustes han ampliado las condiciones bajo las cuales es posible completar el proceso, incluso más allá de esta fecha límite.

 

Extensión del Plazo para la Finalización de Trámites

 

El cambio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de noviembre de 2024, establece que los solicitantes que no puedan ser atendidos por el consulado respectivo antes del 22 de octubre de 2025, podrán finalizar el trámite después de esa fecha.

 

“Para beneficiarse de esta extensión, es indispensable que el interesado demuestre que solicitó su turno dentro del plazo estipulado. Es por eso que desde AIM Global queremos recordar de manera permanente que la fecha límite es el próximo año, para que ningún interesado quede sin poder postular a este beneficio”, explica Caterina Utili, General Manager de  AIM Global.

 

Este ajuste busca garantizar que las limitaciones administrativas, como la alta demanda en las oficinas consulares o retrasos en la gestión de citas, no se conviertan en un obstáculo insalvable para quienes cumplen con los requisitos legales.

 

¿Qué tan alta es la demanda? Según cifras del gobierno español, desde la entrada en vigor de la Ley -octubre de 2022- hasta el 31 de marzo de 2024, “las Oficinas del Registro Civil Consular han recibido 301.121 solicitudes de opción a la nacionalidad española de origen”.

 

A pesar de esta flexibilidad, las autoridades subrayan la importancia de iniciar el trámite lo antes posible.

 

El proceso de preparación y recolección de documentos necesarios puede extenderse entre seis y diez meses, dependiendo de la complejidad del caso y la disponibilidad de los registros requeridos.

 

Entre los documentos clave se encuentran la partida literal de nacimiento, y otros que acrediten el vínculo con el ciudadano español original.

 

Es fundamental que los solicitantes planifiquen con anticipación y mantengan un seguimiento constante de sus expedientes para evitar complicaciones innecesarias.

 

Asimismo, es aconsejable buscar asistencia profesional para garantizar que todos los requisitos sean cumplidos correctamente.

Seguridad, salud y apoyo a la comunidad: Más de un centenar de comunas ya han usado los recursos entregados en abril de 2024 gracias a los fondos puente de la Ley de Royalty. En total, se repartieron 93 mil millones por Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial. Dentro de las iniciativas, se incluyen la entrega de becas de excelencia académica, compra de vehículos para el traslado de pacientes y adquisición de drones y cámaras de vigilancia.

161 municipios beneficiados por el Fondo de Equidad Territorial y 24 de los que recibieron recursos gracias al Fondo de Comunas Mineras han dado cuenta del uso de los montos recibidos gracias a los Fondos Puente de la Ley de Royalty.

 

Este fue un aporte extraordinario tramitado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ante el Congreso, en el marco de la Ley de Presupuestos 2024, como un adelanto de recursos previo a que la Ley de Royalty entre en régimen el año 2025. Los municipios beneficiados deben dar cuenta de sus modificaciones presupuestarias y ejecución de gastos trimestralmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que, a su vez, informa al Congreso Nacional y Contraloría General de la República.

 

Según el último informe entregado, en el pasado noviembre, los recursos se han utilizado en múltiples formas, tanto como para el uso interno de los municipios, como para la inversión en proyectos, compras y usos en directo beneficio de la comunidad.

 

Una de las inversiones que se destaca es en materia de seguridad. En este ámbito, se han comprado drones para vigilancia en las comunas de Machalí y Lota; en Copiapó se compró un vehículo y equipamiento para programas de seguridad pública; en Carahue se destinaron fondos para la compra de combustible para los vehículos de seguridad ciudadana; se compraron cámaras de vigilancia en Purranque; en Los Sauces se contratará un inspector municipal dedicado a seguridad y en Vilcún se destinaron recursos para la compra de chalecos antibalas para inspectores municipales. Asimismo, distintas comunas como La Cisterna, Lanco y San Javier dispusieron parte de los fondos para comités de seguridad o fondos concursables en la materia.

 

La recuperación y mejoramiento del espacio público también ha concentrado uso de recursos, como para el arreglo y reposición de luminarias en Litueche, Villa Alemana, Olmué, Los Álamos, Niquen, Lanco, Lumaco, Río Ibáñez, Calera, Punitaqui y San Fabián. Junto a ello, en Coquimbo, Yungay, Quemchi y Coltauco se invirtió en mejoras de mobiliario, juegos, árboles o veredas de plazas, mientras que en Bulnes se habilitará una multicancha y en Portezuelo se dispondrá de un refugio peatonal.

 

Por otro lado, también destacan las inversiones relacionadas a salud. Una decena de municipios transfirió montos a aquellos departamentos; en Doñihue, Panquehue y La Estrella se usaron recursos para la implementación y puesta en marcha de la farmacia comunal; en Lanco se contratará un odontólogo para su departamento; en Vichuquén cambiarán la cubierta del CESFAM; y en Isla de Maipo y Hualqui tendrán vehículos para el traslado de pacientes.  Asimismo, en Catemu y San Rosendo se contratarán personas para ejercer labores de cuidado.

 

La educación también ha sido área de inversión con, por ejemplo, la entrega de fondos para becas de excelencia académica o deportiva tal como lo hicieron las comunas de Monte Patria, Panquehue, San Clemente, Pinto, San Antonio, Papudo, Algarrobo, Contulmo, Palena, Chillán Viejo, Niquen y Huasco. En Palmilla se compró un furgón para traslado de alumnos y en más de una decena de otros municipios se transfirieron recursos directamente a sus departamentos educativos.

 

El cuidado al medioambiente no se quedó atrás. En Saavedra, Palena y Lago Verde se invertirá en la recolección y deposición final de residuos sólidos; en Florida y Mariquina se comprarán nuevos contenedores de desechos; y en Dalcahue se arrendará un vehículo para retiro de basura.

 

Asimismo, los municipios de Doñihue, Peralillo, Puente Alto, Mariquina, Lago Ranco, Curanilahue, Ercilla y Curaco de Vélez entregaron subvenciones o invertirán en mejorar espacios de los Cuerpos de Bomberos.

 

También hubo municipios, como Peumo, Padre Las Casas, Pinto y Doñihue que usaron parte de los montos recibidos gracias a los Fondos Puente de la Ley de Royalty en servicios veterinarios, como habilitación de centros, materiales y alimentos para animales.

 

Es importante destacar que estos recursos son de libre disposición por parte de los municipios, que solo deben contar con la aprobación de su Concejo Municipal para destinar sus usos. Asimismo, el reglamento de los Fondos Puente no determina una temporalidad de cuándo deben ser invertidos.

 

*Este es un listado descriptivo y no exhaustivo de uso de recursos, debido a que hay más municipios que han utilizado los fondos y en otras áreas.

Luego de 13 años y con veredicto condenatorio, la Fiscalía Occidente concluyó histórica Causa Basura. La sentencia será dada a conocer por el 1 TOP en junio de 2025.

El jueves 12 de diciembre, el Primer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) condenó a cinco personas, incluyendo al exalcalde de Cerro Navia, Luis Plaza; al exconcejal de Maipú y exfuncionario a honorarios de Cerro Navia, Carlos Richter; al exAdministrador Municipal de Cerro Navia, Marcelo Torres Ferrari; la ex Directora de la Secretaría de Planificación, Marcela Morales; y al exdirector de Desarrollo Comunal, Alberto Lastra. Todos fueron condenados por los delitos de fraude al fisco reiterado.

Luego de 13 años de investigar hechos de corrupción ocurridos en cuatro comunas de la Región Metropolitana, la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente concluyó la denominada Causa Basura con la lectura del veredicto condenatorio vinculada a hechos ocurridos en el municipio de Cerro Navia.

 

El jueves 12 de diciembre, el Primer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) condenó a cinco personas, incluyendo al exalcalde de Cerro Navia, Luis Plaza; al exconcejal de Maipú y exfuncionario a honorarios de Cerro Navia, Carlos Richter; al exAdministrador Municipal de Cerro Navia, Marcelo Torres Ferrari; la ex Directora de la Secretaría de Planificación, Marcela Morales; y al exdirector de Desarrollo Comunal de la comuna, Alberto Lastra. Todos fueron condenados por los delitos de fraude al fisco reiterado.

 

El exalcalde Plaza es la primera autoridad alcaldicia condenada en esta causa, mientras que Torres Ferrari ya había sido condenado, en 2022, por cohecho y lavado de activos en la arista Maipú de este caso.

 

El Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén indicó que “estamos muy satisfechos de finalizar esta larga investigación, que ha cruzado tres administraciones de Fiscales Regionales, y que termina con un veredicto condenatorio. Se trató de un esfuerzo enorme de recursos humanos y técnicos, incluyendo la realización de peritajes de diverso tipo y numerosa prueba documental. Felicito al equipo que condujo esta investigación y, si bien no siempre obtuvimos resultados satisfactorios, estamos concluyendo con esta relevante condena”.

 

Inicio de la causa

 

La Causa Basura se inició en 2011, con la denuncia por eventuales ilícitos ocurridos al interior de la Municipalidad de Maipú entre 2009 y 2011, asociados a contratos para el retiro de desechos domiciliarios sólidos en dicha comuna.

 

Si bien la indagación surgió por hechos vinculados al retiro de basura por parte de la empresa KDM, -de ahí el nombre con que es conocida-, el avance en las diligencias reveló la existencia de otros ilícitos, tales como contrataciones irregulares, adjudicaciones de contratos por diferentes servicios, además de pagos de honorarios por servicios ficticios.

 

En 2018, las defensas de los imputados solicitan separar las investigaciones por incompetencia. Se establecen cuatro aristas en esta causa (una por cada por municipio y en Tribunales distintos).

 

Equipo de fiscales y fuerza de tarea de la PDI

 

Para llevar adelante la indagación, la Fiscalía Regional Occidente conformó un equipo especial de Fiscales, integrado por los persecutores de Maipú, Tania Mora y José Solís, apoyados por profesionales de la Unidad de Asesoría Jurídica, a quienes se sumaron los Fiscales Paul Martinson y Verónica Monjes. Las labores investigativas, en tanto, fueron realizadas por una fuerza de tarea compuesta por funcionarios de la Brigada de Robos (BIRO) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC) de la PDI

 

La arista Maipú concluyó en julio de 2022 con la condena del exconcejal de dicha comuna Marcelo Torres Ferrari por los delitos de cohecho y lavado de activos, dictándose penas de: tres años por lavado de activos; 300 días de reclusión menor por cohecho en grado de consumado; siete años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y una multa de $186.500.000, correspondientes a los pagos que habría recibido de la empresa KDM para realizar gestiones favorables a dicha firma en la obtención de contratos.

 

Aristas Colina y Ñuñoa

 

En las investigaciones en los municipios de Colina (por hechos ocurridos entre 2010 y 2015) y Ñuñoa (hechos de 2012), el Tribunal estimó que los ilícitos no estaban suficientemente acreditados por el Ministerio Público, siendo absueltos los acusados.

 

Arista Cerro Navia

 

La última fase de esta causa se refería a hechos ocurridos en Cerro Navia (2010-2014). El juicio oral se inició en diciembre de 2022 y fue llevada adelante por los Fiscales Rubén Salas y Rodrigo Moya. La acusación se refería a cinco hechos, todos vinculados a fraude al Fisco, relativos al pago de honorarios por servicios ficticios y a licitaciones irregulares.

 

La sentencia será dada a conocer por el Primer Tribunal Oral en lo Penal en junio de 2025.