Es preocupante que las Pymes no hayan sido consideradas en los espacios importantes dentro de los diálogos tributarios organizados por el Ministerio de Hacienda, y que hayan tenido que recurrir al Senado. En cierto modo, sin ellas no se puede avanzar y es relevante que su visión sea parte de la discusión desde un inicio.

Desde el empresariado se ha insistido que la reforma tributaria debe ser procrecimiento y proinversión, visión que compartimos. Pero la pregunta que cabe hacerse es cómo bajar estos conceptos en medidas específicas para potenciar el emprendimiento.

Lo anterior cobra relevancia, por ejemplo, al ver las cifras de desempleo, que van al alza con un 8.4%. En Chile, el sector Mipyme en su conjunto representa a más del 65% de los puestos de trabajo, según cifras del año 2021 del Ministerio de Economía.

En esta línea, si queremos potenciar nuevos negocios, la reforma debería avanzar hacia la simplificación del sistema, puesto que la contratación de contadores o abogados tributarios para interpretar las nuevas normas, es un costo que no todos los emprendedores pueden cargar.

Asimismo, se ha hablado de combatir la informalidad. Para ello, lo primero es entender que este fenómeno creció con la pandemia como una respuesta a las necesidades, entonces, más que la mera fiscalización, se deben generar medidas de acompañamiento, no sólo desde el Estado, sino también desde las organizaciones que apoyamos a las MiPymes.

Porque el tema de fondo es poder construir un verdadero pacto tributario, que tenga una visión a largo plazo y donde estén representados todos los sectores. El país necesita estabilidad, y para ello se requiere una reforma de consenso, que trace un horizonte de, al menos, 10 años.

Horacio Pavez

Presidente de ChileConverge

Como Directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades declaramos lo siguiente:

1. El país ha conocido un nuevo hecho que afecta a las instituciones policiales y al país en su conjunto. El Cabo Primero, Daniel Palma Yáñez, asesinado el día de ayer, era un ciudadano chileno de 33 años, marido, padre de dos hijos, pero además un destacado carabinero que había recibido reconocimientos por el profesionalismo y dedicación con que desempeñaba su labor policial, en resguardo de la seguridad de los chilenos y chilenas.

2. Los alcaldes y alcaldesas de Chile enviamos nuestras sentidas condolencias a Carabineros, a las familias de los carabineros asesinados y a todo el país, porque nadie puede quedar inmune frente a esta situación. Los municipios tenemos contacto cotidiano con las policías y sabemos de su compromiso en la lucha contra la delincuencia, por eso nos duele enormemente esta situación.

3. El día lunes 10 de abril hemos convocado al directorio nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades, a una reunión de trabajo sobre la situación que se vive en nuestras comunas en materia de seguridad y delincuencia.

4. Es importante destacar que en días anteriores, hemos hecho un conjunto de planteamientos al gobierno central para mejorar la seguridad en nuestras comunas contribuyendo de esta manera al “Compromiso transversal por la seguridad” firmado esta semana.

5. Exigimos de los distintos órganos del Estado, la mayor celeridad en la tramitación de las leyes especiales en materia de seguridad así como también, un mayor resguardo, con equipamiento adecuado, a los policías que realizan operativos y procedimientos policiales. Porque como lo hemos venido advirtiendo reiteradamente, la realidad delictual del país ha cambiado y es necesario proteger a las policías de las bandas de crimen organizado y narcotráfico.
6. Para rendir homenaje a los mártires de Carabineros caídos en servicio en el último mes, llamamos a las municipalidades de Chile a izar sus banderas a media asta desde hoy hasta el lunes 10 y a los concejos comunales a proponer acciones que contribuyan a mejorar la realidad de seguridad en el país.DIRECTORIO NACIONAL ACHM

Aprueban proyecto que aumenta requisitos para su otorgamiento. La instancia respaldó la idea de legislar sobre la iniciativa que busca aumentar el tiempo de cumplimiento de las penas y exigir audiencia a las víctimas o sus familiares para evaluar si se entrega o no el beneficio.

Exigir una entrevista a las víctimas o a sus familias antes de definir si se otorga o no la libertad condicional a un recluso, es uno de los puntos que plantea el proyecto que modifica la ley para aumentar el tiempo de cumplimiento de la pena y exigir la audiencia a las víctimas o sus familiares, al evaluar la concesión o denegación del beneficio carcelario.

La iniciativa que cumple su segundo trámite en el Senado fue aprobada en general por la unanimidad de la Comisión de Constitución y quedó en condiciones de ser sometida a la consideración de la Sala.

Además de agravar las penas al delito de homicidio simple, el proyecto aumenta los requisitos a quienes postulen a la libertad condicional, como exigir una entrevista a las víctimas o a sus familias antes de otorgar el beneficio carcelario.

Asimismo, plantea aumentar de cuatro a seis los bimestres en que los condenados deberán tener conducta intachable para postular al beneficio de la libertad condicional y releva el informe psicosocial elaborado por el área técnica de Gendarmería, especificando que será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud.

Finalmente, limita la repostulación al beneficio solo después de transcurrido un año desde que fuese negada.

ANTECEDENTES

Previo a la votación en general, la Comisión escuchó al Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quien entregó cifras respecto de la disminución de las solicitudes de libertad condicional tras la modificación que se hizo el 2019 a la respectiva ley.

Indicó que actualmente la Cámara de Diputados está tramitando un proyecto sobre ejecución de penas en el que se consideran algunos aspectos sobre libertad condicional.

Al respecto, los senadores señalaron que dicha iniciativa puede tener una tramitación más larga, por lo que decidieron avanzar en estos aspectos específicos y aprobar en general el proyecto.

La Comisión también escuchó al profesor  Javier Wilenmann y al vicepresidente de la Fundación Amparo y Justicia, Héctor Arancibia, quien señaló que el proyecto apunta en la “dirección correcta” y que si bien la modificación de 2019 fue adecuada, aún hay aspectos que se pueden mejorar, como incluir determinados delitos graves en el catálogo que pide el cumplimiento de 2/3 de la pena como mínimo para acceder al beneficio.

6 de abril de 2023