Octavo año Ley 20.720. Más de 38 mil Procedimientos Concursales se han registrado a nivel país con la normativa en este periodo 

A ocho años de entrada en vigencia de la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, N.º 20.720, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) da a conocer las estadísticas de los Procedimientos Concursales. 

Datos suministrados por la Superintendencia dan cuenta que, entre octubre de 2014 y el 31 de septiembre de 2022, se han realizado más de 192 mil atenciones ciudadanas y se han iniciado más de 38 mil procedimientos a nivel país. En total se registran 6.768 (18%) Renegociaciones de Personas Deudores y 31.635 (82%) procedimientos judiciales. Estos últimos corresponden a 22.159 a Liquidaciones de Bienes de Personas Deudoras, 357 Reorganizaciones de Empresas Deudoras y a 9.119 a Liquidaciones de Empresas. 

Personas Sobreendeudadas 

Respecto a las 6.768 Renegociaciones, el 44% corresponde a RM y el 56% a las otras regiones, lográndose los procesos en un tiempo promedio de tramitación de 73 días hábiles, con un porcentaje de acuerdo por sobre el 92% de los casos. 

En la misma línea, el 55% de los Procedimientos de Renegociación corresponden a hombres, mientras que 45% a mujeres. Seguido de la Región Metropolitana (2.762), se observa que la región de Valparaíso es la que concentra la mayor cantidad de procedimientos (554), seguido de O´Higgins (474) y Tarapacá (399). 

La deuda promedio que tienen estas personas, considerando las 16 regiones, es de $ 35,8 millones. Y la mayor concentración se da en el tramo etario que fluctúa entre los 30 a 44 años (55%).  

En el detalle, quienes pidieron esta herramienta, el 73% eran trabajadores dependientes, 11% jubilados y 7% trabajadores independientes. Además, cerca del 45 por ciento recibía un ingreso líquido mensual inferior a los $500 mil pesos.  

La renegociación implica una serie de ventajas para el deudor y sus acreedores, porque se pacta un nuevo calendario de pago, que le permite al deudor cumplir con sus acreedores de acuerdo a sus reales capacidades económicas. La institución señala que es importante estar informado y actuar oportunamente, ya que más de 6 mil personas han renegociado evitando el eventual embargo de sus bienes.  

Referente a la Liquidación de Bienes, de las 22.159 solicitudes, 14.084 (64%) fueron iniciados por hombres y 8.075 (36%) por mujeres. Siendo la tramitación promedio de este grupo 495 días judiciales.  

Además, se identificó que a nivel país, las regiones con mayor número de Liquidaciones, en los últimos ocho años son la Región Metropolitana 9.852; Biobío con 2.763; Valparaíso 1.603 y en Maule con 1.134 procedimientos.  

Por otro lado, el 55% de las personas a nivel país que se han acogido a este trámite, tenían entre 30 y 44 años al momento de iniciar el procedimiento. Y del total del universo, el 48% declaró estar soltero. En tanto, según su situación laboral el 75% corresponde a trabajadores dependientes.  

Empresas Deudoras 

En cuanto a las empresas, según las estadísticas de la Superintendencia, desde el 9 de octubre de 2014 se han acogido a tramitación 357 solicitudes de Reorganizaciones, correspondiendo principalmente al rubro económico de Comercio al por Mayor y Menor con un 24% (85), seguido de Construcción con un 17% (61) e Industria Manufacturera no metálicas con un 15% (53). 

Tomando en cuenta el tamaño de las empresas, los porcentajes señalan que el 60% son Grandes Empresas, un 23% Medianas, un 11% Pequeñas y 6% Microempresas.  

Por su parte, el Procedimiento Concursal de Liquidación de Empresas Deudoras, presenta a la fecha 9.119 solicitudes iniciadas, concentrándose el 51% (4.639) en la Región Metropolitana y el 49% (4.480) en el resto del país. Siendo la tramitación promedio de este grupo 551 días judiciales.  

Del indicador general se expresa que el 44% corresponde a Pequeñas Empresas, 22,7% a Microempresas, un 20,6% a Medianas y 12,7% son Grandes Empresas. Y que las sujetas a liquidación de activos pertenecen, esencialmente, a Otras Actividades de Servicios con un 18% (1.641); Comercio al por Mayor y Menor con un 17% (1.514); seguido de Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas con un 13% (1.210).  

Finalmente, la institución indicó que estima que durante 2023 habrá cambios en la normativa, ya que el Gobierno decidió poner suma urgencia a la iniciativa de la modernización de la Ley 20.720 que permitirá la creación de procedimientos simplificados de Liquidación y Reorganización para Mipes y la eliminación del requisito que impedía a las personas que emiten boletas de honorarios acceder a la Renegociación. 

Daniela Sepúlveda Espinosa

dsepulveda@superir.gob.cl

El decano de la Facultad de Economía y Negocios, Alejandro Weber, explica que, de aprobarse, el TPP11 abrirá el acceso al mercado de Asia Pacífico, que agrupa a más de 500 millones de personas y que representa cerca del 15% de PIB mundial.

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP11, involucra a Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Chile. Es el tercer Tratado de Libre Comercio más grande del mundo, después del CETA (entre Canadá y la UE) y el USMCA (Canadá, Estados Unidos y México). Dentro de sus objetivos está la integración económica entre los países miembros, facilitar el comercio regional, establecer marcos legales para el intercambio comercial y promover el crecimiento sostenible, entre otras materias.

¿Por qué se instaló nuevamente en la discusión?

En marzo de 2018 los once países miembros sellaron el acuerdo en Viña del Mar y posteriormente cada uno debía ratificarlo. A la fecha diez lo han hecho, a excepción de Chile. El proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados en 2019, pero aún falta la votación en el Senado, instancia que está puesta en tabla este miércoles desde las 16:00 horas.

¿Cómo impactaría a Chile el TPP11?

Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, explica que “aprobarlo tendrá una serie de consecuencias que beneficiarán directamente el bolsillo de los chilenos. Con el TPP11, nuestro país tendrá acceso al mercado de Asia Pacífico, que agrupa a más de 500 millones de personas y que representa cerca del 15% de PIB mundial”.

Agrega que “también implica el ingreso de 3.100 de nuestros productos a mercados como el de Japón, Malasia, Canadá o México, con importantes beneficios arancelarios para sectores clave en nuestra economía productiva, como el agrícola, forestal y pesquero. Además, se eliminarán prácticamente todos los impuestos de importación entre los países miembros. El acuerdo será un motor para el desarrollo, generando ingresos anuales por cerca de dos puntos de PIB”.

Weber también resalta que ante el escenario de incertidumbre internacional resulta fundamental abrir nuestra economía a más mercados. A esto suma que, si bien, Chile cuenta con acuerdos con algunos de los países del TPP11, ser parte de este tratado establece regulaciones para todo el bloque.

“El tratado garantizará reglas del juego claras y modernas, dándoles a nuestros exportadores e inversionistas la certeza necesaria para sus negocios, algo fundamental en un momento de recesión y ante una proyección que muestra que nuestra economía seguirá contrayéndose el próximo año, con una caída de la inversión cercana al 4% y la consecuente destrucción de empleos”, agrega.

¿Qué genera la discordia?

Uno de los puntos que se instala en el centro del debate es el mecanismo de solución de controversias, que establece tribunales ad hoc (no permanentes) en caso de diferencias entre estados miembros e inversionistas. Algunos sostienen que esto amenazaría nuestra soberanía.

Ante esto, Weber detalla que “por definición, un acuerdo comercial es la forma en la cual los Estados firmantes asumen compromisos para otorgar concesiones especiales respecto a sus propias normativas jurídicas y en los mecanismos de solución de controversias del TPP11 no hay novedad en la materia, ya que no difieren de los ya consagrados en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) o en otros arbitrajes internacionales que Chile ha suscrito”, puntualiza.

La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, junto a los alcaldes y alcaldesas del Directorio de la Asociación, se reunieron con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para manifestar su preocupación por el aumento de los delitos violentos y la participación de menores de edad en estos hechos, además de entregar una propuesta para enfrentar estos temas.
La reunión tuvo el foco en la crisis financiera que viven los municipios y principalmente en materias de seguridad ciudadana.

La Jefa comunal de Peñalolén y Presidenta ACHM señaló que “el financiamiento municipal afecta a todas las vecinas y vecinos, a través de los servicios que entregan los municipios, por lo tanto es importante destacar la mesa tripartita que acordamos con el Ministerio de Hacienda, para poder abordar en profundidad esta temática y sus soluciones”.

Sobre materias de Seguridad, la Alcaldesa Leitao indicó que “todos los municipios le hemos solicitado a la Ministra poder visibilizar la mirada local en materias de seguridad, para poder ayudar y contribuir de manera eficiente, donde los municipios podemos aportar no tanto desde la mirada policial, más bien desde la prevención como eje principal”.

Por su parte, el Vicepresidente ACHM, Alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, dijo que “agradecemos la buena disposición de la Ministra Tohá para atender esta reunión, donde además de revisar temas de seguridad y delincuencia en general, también hicimos un llamado de atención a la situación que se vive en la Araucanía”, agregando que “es importante que el Gobierno defina si sólo va trabajar para contener la situación, o va a optar por una solución de carácter transformador, para enfrentar la delincuencia.