Con participación del INDH, mesa intersectorial sobre Trata de Personas presentó informe sobre la situación nacional: 145 víctimas en los últimos 15 años.

El INDH y el Ministerio Público participaron en la elaboración de este inédito documento, que sistematiza la jurisprudencia nacional sobre la trata, para fortalecer la persecución penal y el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y género.

En el marco de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, el miércoles 28 de enero se presentó el primer estudio jurisprudencial sobre este delito. Fruto del trabajo coordinado por la Subsecretaría de Seguridad Pública, con aportes del Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el informe aborda la situación desde 2011, año en que se promulgó la ley 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

El estudio, que se llevó a cabo en el contexto del Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas 2023–2026, analiza 25 casos y 27 sentencias desde 2011 hasta julio de 2025, abordando, entre otros, la situación de las víctimas y la vulneración de niños, niñas y adolescentes, con un enfoque de género.

El análisis cuantitativo muestra que 15 de las causas corresponden al delito de trata con fines de explotación sexual y 10, a trata con fines de trabajo forzoso. Hay 65 personas acusadas y 145 víctimas: 57 por trata de personas con finalidad sexual y 88 con finalidad de trabajo forzoso. En los casos de explotación sexual, todas las víctimas son mujeres, incluidas 10 menores de 18 año. En los casos de trabajo forzoso, hay 27 mujeres (cinco menores de edad) y 61 hombres (dos menores).

La coordinación y ejecución del estudio estuvo a cargo de Oriel González por parte de la Subsecretaría de Seguridad Pública. Mientras el equipo a cargo de la elaboración del documento lo integraron Paulina Pérez y Camila Grebe del INDH y Nicolás Santander de parte del Ministerio Público.

En la presentación del informe, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, indicó que la trata de personas “afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y adolescentes. Como Estado, tenemos el deber de prevenir, pero también de proteger y acompañar a las víctimas, asegurando una atención digna, integral y con enfoque de género”.

En tanto, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, destacó en especial “el carácter interinstitucional de este trabajo, desarrollado en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público. Este esfuerzo refleja una convicción central de nuestra política de seguridad: ningún fenómeno complejo se enfrenta desde una sola institución”.

Visión del INDH

A la presentación del estudio asistió también el director del INDH, Yerko Ljubetic, quien señaló que “la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral son uno de los crímenes más atroces que pueden cometerse contra los derechos de las personas. Es un problema internacional, un problema que ha ido creciendo en Chile y por eso esfuerzos como la Mesa Intersectorial sobre la Trata de Personas es un aporte muy relevante en la articulación de todos los esfuerzos públicos para combatir esta situación”.

Asimismo, detalló que “hemos tenido la oportunidad de ver un producto de esta mesa, del cual se pueden extraer conclusiones muy importantes sobre cuáles son las tendencias jurisprudenciales y, sobre todo, los mecanismos judiciales más eficientes para combatir este flagelo”.

Señor Director:

Una vez más, junto con agradecer la publicación de la carta enviada en noviembre de 2025, titulada “Caballa la torta” —una carta ampliamente leída y muy comentada, con reflexiones que generaron un debate valioso entre los lectores— quisiera volver sobre ese texto, no para reiterarlo, sino porque los hechos recientes parecen haberle otorgado una inesperada vigencia.

En aquella oportunidad, la carta no pretendía ser una anécdota local ni una caricatura política, sino una observación sobre una práctica cada vez más extendida: la reducción de la política a la lógica del reparto, de los comandos, de las cuotas y de la “cocina”, donde el cálculo termina desplazando a las convicciones, a la ética pública y a la tradición histórica de los partidos.

Hoy, a poco más de un mes de esa publicación, conocemos la renuncia de Francisco Huenchumilla a la presidencia de la Democracia Cristiana. Más allá de las razones personales o partidarias que él mismo ha expuesto, el hecho no contradice lo planteado entonces; por el contrario, lo confirma. Cuando se rompe la ética interna de un partido y se desdibuja su identidad, incluso los discursos más sólidos terminan chocando con una realidad que no admite demasiados matices.

Como advertía Aristóteles, “cuando la ética se separa de la política, el poder deja de servir al bien común”. Tal vez ahí radique el problema de fondo que hoy atraviesa no solo a un partido en particular, sino a gran parte del sistema político.

El Partido Comunista ensaya hoy un mea culpa; el Frente Amplio parece no encontrar cómo sostener un legado crecientemente cuestionado; y en otros sectores la distancia entre discurso y práctica se vuelve cada vez más evidente. La crisis, por tanto, no es solo de liderazgos ni de coyunturas electorales, sino de ética política en su sentido más profundo.

Tal vez el problema no sea quién se levanta de la mesa, sino por qué la mesa —la torta, el reparto— terminó siendo más importante que las ideas, los principios y la vocación de servicio que alguna vez justificaron la existencia de los partidos.

Christian Slater E.

El ataque con bombas molotov a un profesor del Instituto Nacional refleja una fractura profunda: la desnaturalización del rol docente y la pérdida del sentido de comunidad en la escuela. La primera tentación es creer que los colegios pueden resolverlo solos, pero eso es un error.

La violencia escolar es el espejo de una sociedad que se ha vuelto más agresiva y desconectada y que debe resolverse desde el origen.
Recuperar el sentido de comunidad es una tarea reparadora y urgente. El colegio debe volver a ser un lugar de encuentro, donde aprender a convivir sea tan importante como aprender matemáticas. Para ello, se requieren políticas integrales de educación socioemocional, el fortalecimiento del rol docente y la participación activa de las familias.
Pero esto no basta: también se necesitan sanciones ejemplificadoras y medidas de resguardo real que protejan a los profesores y estudiantes, y que marquen un límite claro entre la convivencia democrática y la violencia inaceptable. No se trata solo de reaccionar después de los hechos, sino de anticiparlos con protocolos efectivos, acompañamiento psicológico, infraestructura segura y el respaldo inequívoco de las autoridades.
La escuela no puede ser una zona liberada, ni los docentes quedar expuestos como si fueran “carne de cañón”. Si queremos transformar la violencia en aprendizaje, y el miedo en oportunidades para todos, necesitamos una alianza firme entre Estado, familias y colegios, donde la educación sea un espacio protegido y respetado, no un campo de batalla.

Roberto Bravo
Director Ejecutivo Líderes Escolares