Incremento de gastos en sistemas de vigilancia, robos de herramientas, equipos y materiales, son algunos de los problemas a los que se enfrentan las constructoras y que hacen que aumenten sus costos, según una investigación realizada por el académico de la UTalca, Armando Durán Bustamante.

El aumento de la delincuencia en nuestro país afecta a todos los sectores sociales y económicos, entre ellos está el de la construcción, donde este fenómeno está impactando con fuerza. Así lo observó el académico de la Universidad de Talca, Armando Durán Bustamante, quien realizó una investigación en un ámbito que no se había estudiado, y, que permite comprender y precisar cómo afecta esta problemática a los costos en los diferentes proyectos inmobiliarios.

En el estudio se pudo establecer –entre otras cosas- que, “el impacto de la delincuencia en los costos de construcción de proyectos inmobiliarios podría encarecerlos hasta en un 14%”.

Este valor asociado, explicó el académico de la UTalca, golpea a proyectos de densificación como los edificios, pero por sobre todo encarece los proyectos inmobiliarios de extensión, que se emplazan en varias hectáreas y donde se crean las condiciones ideales para el robo de maquinarias, equipos y materiales de construcción.

“Las empresas constructoras han tenido que hacer cambios profundos en las instalaciones de faenas, planificación de las obras, y especialmente en las etapas de terminaciones. En el estudio, pudimos determinar que, las constructoras entrevistadas han tenido que incorporar más de 20 acciones, que antes no se contemplaban”, detalló el profesor.

La investigación determinó que estos cambios, que se repiten en las diferentes obras en construcción, van desde el retiro e instalación de cálefont y griferías, reforzamiento de talleres y accesos, aumento de luminarias y mejora en cercos perimetrales, casetas de guardias, instalación de bodegas reforzadas, aumento en el personal de control de materiales en obras, contratación de empresas externas para el monitoreo con cámaras de vigilancia y hasta el arriendo bodegas especiales de resguardo de materiales y equipos de alto valor, entre otras.

Las empresas que participaron del estudio y que fueron entrevistadas, están desarrollando proyectos inmobiliarios entre Antofagasta y Puerto Montt. “Está el caso de una constructora en la región del Maule que durante ocho meses de obra ya registra más de 100 millones de pesos de pérdidas por robos. Sin duda, hay elementos y datos que arroja el estudio, que nos pueden hacer pensar que son producto del crimen organizado”, manifestó el especialista.

La idea de una organización delictual que se beneficia con estos robos surge de la forma en que se realizan y los datos que manejan los asaltantes. “En la Macrozona Norte, por ejemplo, hay constructoras que deben contemplar cambios de ruta y vehículos a la hora de transportar maquinarias y aun así siguen sufriendo asaltos”, agregó Durán.

Este fenómeno redundaría, además, en la disminución de proyectos realizados. “Las cifras de permisos de edificación divulgadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), indican que en julio de 2024 se aprobaron solo 2.966 viviendas nuevas en el país, lo que representa una caída del 76,7% anual. A su vez, la caracterización por región, da cuenta de cómo la delincuencia influye en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y en un rubro de inversión, donde este tema es un factor fundamental en la toma de decisiones, trae como consecuencia menor construcción de proyectos privados de viviendas en Chile”.

El especialista subrayó que inevitablemente este aumento del valor en la construcción termina siendo traspasado directamente a los compradores. “La mayoría de las empresas encuestadas señalaron que, según su registro, los costos asociados al tema de la protección por la delincuencia superan el 10 % de la obra y ese aumento lo pagará quien compre la vivienda”.

MENOS DE LA MITAD DE LA CAPACIDAD DE LOS PRESTADORES PRIVADOS PODRÍA SOLUCIONAR CERCA DEL 70% DE LAS CIRUGÍAS EN LISTAS DE ESPERA GES Y NO GES EN DOS AÑOS, SEGÚN ESTIMACIÓN DE CLÍNICAS DE CHILE A.G.  

Como Asociación de Clínicas de Chile buscamos siempre aportar en la discusión pública, y volvemos a afirmar que la complementariedad público-privada es vital en la resolución eficiente y oportuna de problemáticas tan graves y acuciantes como las listas de espera.

Como una forma de visibilizar el potencial aporte de los prestadores privados, el Departamento de Estudios de Clínicas de Chile, realizó una serie de estimaciones para determinar el aporte potencial del sector para cirugías en lista de espera, estimando que, menos de la mitad de la capacidad de los prestadores privados, podría solucionar cerca del 70% de las cirugías en lista de espera GES y no GES en dos años.

“Los prestadores privados estamos disponibles aquí y ahora para contribuir a mejorar la salud de los chilenos. Por ello, como sector creemos firmemente que el trabajo colaborativo público-privado es el camino. Los pacientes no pueden seguir esperando y los prestadores privados contamos con oportunidad, y capacidad resolutiva para aportar a las relevantes problemáticas de salud del país”, afirma Javier Fuenzalida, presidente de Clínicas de Chile.

En ese sentido, en cuanto a la búsqueda de soluciones, Javier Fuenzalida indica que “creemos se requiere con urgencia la implementación de un sistema centralizado de derivación de intervenciones quirúrgicas de acuerdo a una priorización sociosanitaria, que permita y realice derivaciones al sector privado.  Además, las personas que están en listas de espera, deben poder buscar y hacer seguimiento activo de su situación de salud. Al mismo tiempo, se requiere que los aranceles de las prestaciones sean reales de manera de permitir cubrir los costos asociados a ellas y, finalmente,  que los pagos desde el sistema público sean oportunos para evitar seguir estresando la situación del sector prestador privado. Con ello, se permitirá la existencia de una mayor cantidad y diversidad de prestadores privados disponibles para enfrentar este flagelo, como un tema país prioritario”.

Sobre el estudio 

El estudio se realizó en base a proyecciones de los datos de los prestadores privados que participaron en la última licitación de listas de espera GES / No GES. De los 70 prestadores privados que participaron en este proceso, Clínicas de Chile contó con información estadística de 39 prestadores que representan un 45% de la actividad quirúrgica de todo el sector privado.

Sobre ese universo, considerando los pabellones disponibles para el periodo que incluye el segundo semestre 2023 y el primer semestre 2024, se calculó el potencial de cirugías que es posible realizar (considerando una ocupación de 80% en los pabellones disponibles, 9 horas de utilización diarias y una duración promedio de 1,5 horas por cirugía). A esta cantidad, se restó las cirugías efectivamente realizadas, obteniendo la capacidad potencial de realización de intervenciones quirúrgicas.

Ello arrojó que estas clínicas tienen una capacidad no utilizada que permitiría resolver cerca del 70%  de las cirugías en listas de espera o con garantías atrasadas en dos años.

Así, en cuanto a Cirugías GES, considerando la oferta de cupos de los prestadores privados que fueron licitados recientemente y considerando aquellos de los que tenemos información estadística, se podría resolver al menos 24.317 cirugías. Esto equivale al 66% del total de garantías quirúrgicas estimadas a junio 2024. En tanto, en cuanto a Cirugías No Ges, el mismo universo podría resolver más de 258.000 cirugías, lo que equivale al 71% de estas cirugías en lista de espera. Esto incluye algunas patologías particulares en las cuales se podría dar solución al 100% de las cirugías pendientes, en áreas como cirugías digestivas, cardiovasculares y neurocirugías.

Pérdidas sobrepasan los mil millones de dólares producto de robos por parte del crimen organizado

Dentro de los resultados de este año destaca la creciente preocupación por el impacto que tienen los delitos violentos sobre los colaboradores, afectando su salud mental y física. Solamente en las grandes multitiendas se registraron pagos de licencias médicas por sobre los $40 millones.

El análisis estuvo a cargo de la Cámara de Comercio de Santiago, la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y la empresa experta en protección de activos ALTO. Dentro de este participaron 13 empresas diferentes.

Santiago; Durante el jueves se realizó la publicación del VI Estudio de Mermas en el retail, análisis realizado por la Cámara de Comercio de Santiago, la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y la empresa experta en protección de activos ALTO. Todo dentro del marco del Seminario Enfoque Integral a la Seguridad y Crimen Organizado en Chile y Latinoamérica, el cual contó con la presencia de autoridades como la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, el fundador de ALTO Jorge Nazer, el senador por La Araucanía Felipe Kast, entre otros.

Dicho estudio responde a la necesidad de las empresas de diferentes áreas del retail de entender el fenómeno de mermas en el país, cuáles son las causas detrás de éstas y cómo poder prevenir altos volúmenes de pérdidas en el futuro, especialmente considerando que de acuerdo a los resultados del 2023, las pérdidas sobrepasaron los mil millones de dólares producto de los robos perpretados por el crimen organizado.

Para esto, se contó con la participación de 13 cadenas de retail de áreas como farmacias, supermercados y multitiendas, conformando un total de 2.611 tiendas con una facturación superior a los $17 mil millones de dólares. En esta versión, el estudio incorporó de forma inédita un nuevo elemento al análisis, y es la creciente preocupación de los empleadores frente al impacto negativo que tienen los delitos violentos en sus colaboradores.

Impacto en el capital humano

Si bien los resultados no reflejan un aumento significativo en el índice de mermas, pasando de un 1,14% en 2022 a un 1,43%, sí dejan entrever un aspecto que no se tenía en consideración antes pero que expone un escenario preocupante para futuro: el impacto de los delitos violentos en el capital humano, ya que estos afectan principalmente a los colaboradores, lo que eventualmente puede derivar en licencias médicas. Solamente en grandes multitiendas se registraron pagos de licencias por sobre los $40 millones durante este 2023.

María de Los Ángeles Kassis, Country Manager de ALTO Chile explica este nuevo escenario más en detalle, destacando que “hoy lo que las empresas están haciendo, como lo muestra el estudio, es aumentar su inversión en seguridad para poder prevenir no solamente la pérdida de productos, sino que prevenir los delitos violentos, ya que finalmente son esos los que impactan en las personas”.

Esta mirada es compartida por Francisca Sinn, académica de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien reitera que gracias a los resultados de este estudio “surge la preocupación por la seguridad tanto de clientes como colaboradores. Cuando vemos que el foco de las empresa cambia y dice tenemos que cuidar a las personas, hacer nuestros espacios de venta espacios seguros, nos encontramos con la importancia de poner sobre la mesa el cuidado de ambos actores”.

Estos índices no solamente se ven reflejados dentro del estudio, sino que también en la práctica. Michael Escarpentier, Gerente Nacional de Operaciones de Oxxo Chile, una de las 13 empresas participantes en este análisis, explica desde su experiencia cómo ha sido el impacto de los delitos en el capital humano. “El impacto entre los colaboradores primero es el miedo. Lamentablemente los robos con intimidación hacen que el equipo sufra con eso. Lo que trabajamos ahí son protocolos de atención y protocolos de actuación muy claros donde lo primero es tener claro como actuar, segundo es contención psicológica, trabajando muy de la mano con equipos de contención de crisis”.

Seguridad y cuidado de los clientes

Para poder hacer frente a estos indicadores, e intentar disminuirlos a futuro, es que una de las principales herramientas con las que cuentan las empresas y la cual tendría una mayor efectividad es la capacitación del personal. “Uno de los gastos más grandes que tienen hoy día las compañías es el guardia de seguridad. En esta línea es importante destacar que un guardia que no esté bien capacitado puede ser más un problema que generar un efecto real en la prevención del delito”, agrega Kassis.

Tal como mencionaban los datos del estudio, las pérdidas en el retail superan los mil millones de dólares, dinero que según lo que explica Francisca Sinn podría ser destinado a “innovar, mejorar beneficios para sus clientes, tener mejores productos y mejores servicios, si esto sucede la sociedad como un todo sería mejor”.

Transversalidad en el crimen organizado

Si bien los resultados de este VI Estudio de Mermas en el retail destaca el impacto del crimen organizado en la industria, este tipo de delitos no solamente afecta al comercio, sino que es trascendental a los diferentes rubros. En esta línea es que Natalia Fuentes, Gerente de área en Movistar Chile Seguridad Operativa detalla cómo ha impactado el crimen organizado en el robo de cables, y cómo este tipo de delito se ha tornado cada vez más violento con el tiempo, que si bien ahora cuenta con una pena más alta, aún queda trabajo por realizar.

“Son bandas muy organizadas, son bandas capaces de montar una empresa, la verdad ellos adquieren herramientas para poder transformar este cobre y exportarlo. Ellos no solamente extraen y contratan personal para eso, sino que también se caracterizan como técnicos para poder extraer el cable, tienen camiones, tienen pesas, tienen chequeadoras (…) hay bastante organización. Ellos muchas veces usan poder de fuego, no temen a nada, se ocultan y trasladan”.

Finalmente Pablo Zeballos, ex Oficial de Inteligencia de Carabineros de Chile, quien fue parte del panel Enfrenando la Inseguridad: Lecciones y herramientas desde América Latina, rescata la importancia de poder denunciar estos delitos, siendo una de las principales herramientas para poder combatir el crimen organizado por parte de las empresas y organizaciones. “La empresa tiene que trabajar en generar manuales de resiliencia para sus trabajadores, para poder entender qué es lo que están pidiendo y cómo se puede denunciar. Hoy uno de los grandes factores en la región latinoamericana aparte del miedo a denunciar es no saber cómo se denuncia. Eso es tremendamente grave en sociedades fracturadas donde no hay credibilidad en sus autoridades y sus instituciones, que no es el caso de Chile, donde tenemos la oportunidad única de fomentar la denuncia”, finalizó.