Dirección General de Aguas del MOP y Asociación Chilena de Municipalidades firman acuerdo para acompañar proceso de inscripción y registro de derechos de aguas. La instancia colaborativa busca aunar esfuerzos con el fin de asesorar a la comunidad en los procedimientos para tener sus derechos de agua en regla de acuerdo a los plazos vigentes.

La Dirección General de Aguas del MOP y la Asociación Chilena de Municipalidades mediante un convenio de colaboración asumieron el compromiso de trabajar en conjunto para realizar jornadas de acompañamiento a las y los usuarios de aguas del país en los trámites que deben realizar para tener sus derechos de aprovechamiento de agua en regla.

Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, indicó que “Como Asociación Chilena de Municipalidades estamos trabajando diversos convenios que permitan llegar a la ciudadanía con capacitación respecto de temas que tienen un impacto directo en su desarrollo. En este caso los derechos de agua tienen especial relevancia en las zonas rurales donde muchas personas, por desconocer la normativa actual, podrían enfrentar imprevistos legales y económicos. Los cambios que se han realizado en los últimos años en esta materia, hacen urgente el llegar con la información actualizada, de manera oportuna y clara, a estas zonas. Ese es el objetivo que nos hemos trazado con la DGA”.

A su vez, Rodrigo Sanhueza, director general de Aguas, manifestó que “es clave profundizar la difusión de estos plazos para que no caduquen derechos ni la gente pague multas, nos interesa tener un mejor registro de los derechos existentes para una mejor gestión del agua. Por lo tanto, esta alianza virtuosa con las municipalidades nos permitirá llegar a más lugares para explicar cuáles son los pasos para inscribir y registrar los derechos, y a la vez contar con funcionarios municipales que puedan guiar a las y los interesados”.

En la firma del convenio también estuvieron presentes el secretario ejecutivo de la ACHM, Andrés Santander; la alcaldesa de María Pinto, Jessica Mualim y Roberto Pérez, alcalde de San José de Maipo quienes ejercen como presidenta y vicepresidente de la Comisión de Recursos Hídricos de la ACHM, y la directora DGA RM, Carol Castro.

En la reforma al Código de Aguas, publicada el 6 abril de 2022, las y los legisladores establecieron trámites y plazos que los titulares de derechos de agua deben cumplir para tener un registro completo de los derechos constituidos en el país – ya que no siempre fueron otorgados por la DGA, también lo hicieron el SAG o tribunales- y contar con más y mejor información para avanzar hacia la seguridad hídrica.

Posteriormente, con la publicación de la ley 21.586 el 13 de julio pasado, el plazo para inscribir el derecho de aprovechamiento de agua en el Conservador de Bienes Raíces y luego registrarlo en el Catastro Público de Aguas de la DGA, se amplió hasta el 6 abril de 2025.

Asimismo, se estableció como plazo final el 6 de abril de 2027 para iniciar el proceso de regularización de uso de aguas, el cual aplica para todos quienes ejercen el uso de aguas según artículos transitorios dispuestos en el Código de Aguas de 1981, como son el 2° transitorio para derechos de predios expropiados o adquiridos bajo la reforma agraria y el 5° transitorio para quienes al menos desde el 29 de octubre de 1976 han hecho uso del agua libre de clandestinidad y violencia y sin reconocer dominio ajeno. Este procedimiento, en el fondo, significa realizar el trámite para inscribir el derecho a nombre de quien lo ha estado usando por años, que nunca ha estado registrado o que pertenece a otra persona.

En esta tarea de asesorar a quienes habitan las distintas comunas del país, el convenio de colaboración DGA-ACHM considera también capacitar a los equipos de trabajo municipales que se relacionan con usuarios de agua, entregar desde la DGA material informativo a los municipios asociados para que realicen la difusión correspondiente, y otras acciones que las partes acuerden para apoyar a las comunidades a despejar sus dudas y cumplir con los trámites en el tiempo requerido de acuerdo a legislación vigente.

Sanhueza resaltó que desde publicada la reforma al Código de Aguas, la DGA ha estado reuniéndose con organizaciones de usuarios, comités de APR, autoridades y público en general para dar a conocer los procedimientos e incluso ayudarlos a iniciar los trámites correspondientes; y al mismo tiempo, el Servicio MOP ha capacitado a quienes se despliegan en el territorio como CNR, INDAP, funcionarios municipales y de gobiernos regionales y provinciales. “Este convenio viene a afianzar el trabajo que se ha ido realizando con algunos municipios, a lo que se podrán sumar otras alcaldías para sumar fuerzas y ampliar la cobertura de difusión de los trámites de inscripción y registro de derechos, entre otras materias normativas”, puntualizó.

Este martes el Senado aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito para prevenir la venta de vehículos robados motorizados. La nueva ley para sanciona con presidio menor en su grado medio a máximo y penas que llegan a las 100UTM en caso de conducir un vehículo con placa patente falsa o alterada.

El Senado aprobó por 28 votos a favor y 1 abstención las enmiendas introducidas por la Cámara, al proyecto que buscan prevenir la venta de vehículos motorizados robados, moción que se enmarca entre los proyectos priorizados de la Agenda de Seguridad.

La ley que previene la venta de vehículos robados sanciona una serie de conductas como la conducción con la placa patente oculta que se aumenta a “falta gravísima” y ordena diversas obligaciones para fabricantes y automotoras en materia de comercialización de los vehículos. Además se establece la obligatoriedad de grabar la patente en ventanas y espejos de autos nuevos y usados y la prohibición de conducir con luces y focos diferentes a los autorizados.

“Los dueños de vehículos van a tener 12 meses para poder grabar los vehículos que ya están en su propiedad y los nuevos van a tener que salir con esta placa patente ya grabada en cada uno de los vidrios involucrados”, Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones

Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos que realiza el Gobierno y el Poder Legislativo para enfrentar los problemas de seguridad pública que afectan al país. De hecho, esta ley se convierte en la séptima despachada por el Congreso, en el marco de los proyectos priorizados de la agenda que impulsa el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Infracciones y multas con la nueva ley que previene venta de vehículos robados

La nueva ley para prevenir la venta de vehículos robados sanciona con presidio menor en su grado medio a máximo. Además establece la suspensión de la licencia de conducir o inhabilidad para obtenerla hasta por 5 años.

En caso de conducir un vehículo con placa patente falsa, alterada o que corresponda a otro vehículo la multa corresponde de 50 a 100 UTM.

La iniciativa también impone las siguientes prohibiciones y multas:

• Prohibición de usar, adosar y/o conducir con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos por la ley.
• Prohíbe al público la venta y carga de combustible a los vehículos motorizados que no cuenten con su placa delantera o trasera. Se castigará con una multa de 10 a 100 UTM a concesionarios o dueños de la estación de servicio que incurra en esta práctica.
• Se sancionará contravenir la normativa sobre el uso obligatorio del casco protector y demás elementos de seguridad al conducir bicicletas, motocicletas o vehículos similares.
• La conducción de vehículos motorizados utilizando un casco que no cumpla con la obligación establecida constituirá infracción.

Exigencias de la primera inscripción de un vehículo

El texto define otras exigencias tratándose de la primera inscripción de un vehículo en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados.

Por ejemplo, se define que si el vendedor o emisor de la factura no se encuentra incluido en la nómina mencionada, el Servicio de Registro Civil no procederá a la realización de la inscripción del vehículo. Tampoco podrá hacer entrega de las placas patentes respectivas.

Adicionalmente, se agregan las siguientes causales para el retiro de circulación de los vehículos y su disposición ante los juzgados de policía local:

1. No tener los certificados de revisión técnica al día
2. No tener certificado de homologación individual
3. Circular con placa patente oculta, en mal estado o con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados.

La iniciativa, adicionalmente, eleva el rango de multa para algunos casos y realiza ajustes a la Ley 20.931, sobre aplicación efectiva de penas en robo, hurto y receptación.

Por último, se modifica el Código Penal para incluir como agravante en los delitos de hurto y robo, el ejecutarlos usando un vehículo sin placa patente (delantera, trasera o ambas) o si están ocultas.

Igualmente, serán agravantes usar vidrios oscuros o polarizados o utilizar otra práctica, técnica, intervención, herramienta, dispositivo o condición que favorezca la impunidad.

Otras exigencias y disposiciones de la nueva ley

El proyecto establece que, declarada la pérdida total de un vehículo asegurado como resultado de su destrucción o desarmaduría total o parcial, la compañía aseguradora deberá requerir la cancelación de la inscripción del vehículo respectivo ante el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. Ello se informará al asegurado y se devolverán las respectivas placas patentes.

Respecto de un caso no comprendido en la situación anterior, susceptible de reparación, las compañías de seguros deberán regularizar la propiedad de los vehículos siniestrados, para lo que se requerirá de su inscripción en el citado Registro a su nombre o a nombre de los compradores respectivos.

Mientras no se efectúen las inscripciones, anotaciones y cancelaciones ordenadas, los vehículos que se encuentren en los casos descritos quedarán bajo la responsabilidad de la aseguradora.

El ministro Muñoz explicó que durante la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados se eliminó una indicación ingresada por el Ejecutivo que pretendía establecer la obligación de adherir la patente en los cascos de los conductores de motocicletas para “mejorar la identificación de la motocicleta si es que se utilizaba para cometer delitos”.

Sin embargo, “a fin de contar lo más pronto posible con el proyecto como ley, y evitar la constitución de una comisión mixta, es que hemos decidido no insistir con la indicación”, indicó el secretario de Estado.

Durante la tarde de ayer la Asociación realizó un trabajo de coordinación para quedar a disposición de las autoridades y colaborar en las urgencias que pudiesen generarse.
Presidenta de la Comisión de Desastres Naturales de la ACHM, pide a las autoridades destrabar barreras administrativas para llegar con respuestas oportunas ante nuevos desastres.

La Presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, la alcaldesa Carolina Leitao, junto al directorio de ACHM, realizaron un llamado a la ciudadanía a acatar todas las medidas que se han dispuesto de manera de evitar la mayor cantidad de riesgos ante el frente de mal tiempo que está afectando este fin de semana y que continuará en los próximos días, en la zona centro y sur del país.
“La experiencia de junio dejó en evidencia que este tipo de condición climática puede generar grandes daños e impactos. Y ante esta realidad debemos actuar primero tomando todas las medidas de autocuidado que se requieren y segundo acatando las sugerencias entregadas por las autoridades para evitar situaciones que expongan a los vecinos y vecinas”, explicó Leitao.

Junto a esto, agregó que como Asociación se ha designado a un profesional para coordinar y estar al tanto de lo que vaya ocurriendo en los distintos municipios, especialmente en aquellas zonas donde traerá mayores consecuencias por los niveles de agua que se esperan, los niveles de la isoterma y la magnitud del fenómeno. Además, recalcó, que como Asociación, y tal como ha ocurrido en otras oportunidades, “alcaldes y funcionarios municipales nos hemos puesto a disposición de las autoridades y la ciudadanía para colaborar en todas las tareas y urgencias que se vayan generando”.

Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Desastres Naturales de la ACHM, la alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo, explicó la importancia que tiene en estos casos generar una coordinación permanente entre las autoridades regionales, las municipales, los equipos de emergencias, los comité de emergencias y las juntas de vigilancias de canales y ríos. Realizó un especial llamado a las autoridades: “tras la emergencia vivida en junio y la realidad de las condiciones climáticas que tenemos en la actualidad necesitamos que el Estado pueda destrabar las múltiples barreras administrativas que hoy nos impiden realizar acciones concretas para resolver a tiempo que no ocurran nuevos desastres.

Después del último temporal advertimos sobre la urgencia de realizar encauzamientos de los ríos y generar defensas fluviales, pero no llegamos con esas soluciones a este nuevo frente” y agregó: “necesitamos mayor celeridad para este tipo de trabajos porque después del último fenómeno climático, la inundación arrastró bosques y todas las barreras naturales. Y la situación es que a pesar de haber tenido todas las reuniones necesarias y consensuar lo que había que hacer, no se llevaron a cabo los trabajos necesarios y hoy los ríos están desprotegidos”.

Medidas de prevención
Desde la Asociación llamaron a:

– Tener a mano los números de los teléfonos de emergencia municipales y de los comités de emergencia vecinal.
– Evitar salir si no es estrictamente necesario.
– Que niños, niñas, adultos mayores y mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida, que vivan en sectores aledaños a zonas con riesgo de inundación puedan permanecer en casas de familiares o conocidos durante estos días.
– Llevar a cabo todas las medidas de autocuidado de casa, entre ellas limpiar canaletas y pedir a los municipios sacos de arena para quienes vivan cerca de canales.
– Informarse por medios y canales oficiales de lo que está sucediendo.