Hasta el Ministerio de Educación llegó el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, junto al Presidente de la Comisión de Educación, alcalde de Pelarco, Bernardo Vásquez, para reunirse con el Ministro de Educación, Raúl Figueroa y analizar el retorno a clases.
Durante la reunión se trataron diversos temas como el inicio del año escolar, los protocolos sanitarios de los establecimientos de educación y revisar el pago de subvenciones por asistencia escolar. El Presidente de la ACHM señaló que “pudimos despejar muchas de las dudas de nuestros asociados, al igual que plantear inquietudes relacionadas con el buen funcionamiento de la educación pública, ciertamente estamos más tranquilos con las respuestas del ministros, en todas las comunidades educativas existe la voluntad de la presencialidad”.

Mientras que el alcalde Vásquez dijo que “lo más importante fue reforzar las medidas de preparación para el ingreso a clases las próxima semana y por sobre todas las cosas, darle la tranquilidad a los apoderados, que vamos a realizar todos los esfuerzos necesarios para tener nuestros establecimientos habilitados”.

Por su parte, el Ministro Figueroa declaró que “hemos podido escuchar a los alcaldes, es importante destacar el compromiso de las asociaciones con la presencialidad y el cumplimiento de los protocolos sanitarios” agregando que “la subvención de los establecimientos está garantizada, la asistencia para los alumnos es obligatoria, donde el principal desafío es recuperar la confianza de las familias”.

En la reunión participaron representantes de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) y la Asociación de Municipios de Chile (Amuch).

En la última reunión sostenida con las comisiones de la Convención Constituyente el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM),  alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado manifestó su preocupación señalando  que “las municipalidades se sienten parte de este proceso constitucional, fuimos los primeros en consultarle a la ciudadanía respecto de la necesidad de una Constitución. Por ello también nos  sentimos protagonistas. Sin duda, todo ello, sumado al trabajo permanente de los municipios en áreas sensibles para la población y su presencia territorial, han redundado en una gran  valoración pública”.

Cuadrado subrayó que “esa relevancia, sin embargo, no se condice con las facultades que le otorga la actual Constitución. Por el contrario, estamos con limitaciones en nuestras competencias  y  recursos lo que hace más difícil  nuestras tareas”.

Sobre la Convención Constitucional el alcalde de Huechuraba dijo que “el contexto de discusión de esta nueva Constitución ofrece la oportunidad histórica para redefinir cuál es el carácter de los municipios en la estructura de gobierno y administración del Estado y cómo los municipios pueden ser el canal más adecuado para responder a las aspiraciones ciudadanas de un Chile más equitativo. Así, los distintos niveles de gobierno y administración del Estado: nacional, regional, y local, deben quedar definidos siguiendo criterios que permitan mejorar nuestra democracia, facilitar el desarrollo nacional y servir de mejor manera a todos nuestros ciudadanos. Ello significa ser efectivos gobiernos locales, con autonomía, transparencia, descentralización, equidad en la distribución de los recursos públicos y participación social”.

El alcalde de Huechuraba puntualizó el trabajo de la Convención diciendo que, “por ello nos preocupa la imagen del trabajo que está realizando la Convención. Hay  temas que se están tratando para  los cuales parece no existir la profundización requerida. Queremos expresar y hacer un llamado a la imperiosa necesidad del diálogo y el consenso. Atrincherarnos en rígidas posturas ideológicas o esquemas intransables no aporta al Chile en paz que todos queremos. Sentimos que para las municipalidades no ha habido por parte de ningún gobierno la voluntad de transformarnos en verdaderos gobiernos locales, con atribuciones, competencias y los financiamientos adecuados, y así lo hemos hecho ver a la Convención Constituyente”.

Agregó que, “los municipios en la actualidad asumen leyes que el parlamento aprueba permanentemente y que deben aplicarse a nivel local pero sin los adecuados financiamientos, lo que provoca una merma sistemática de recursos, que finalmente lo sufren todos nuestros vecinos”.

Como se sabe, hoy los municipios gastan cerca del 12% del presupuesto público a través de transferencias sectoriales, gobiernos regionales y otras instancias estatales, sin embargo, hay países en América Latina, que gastan el 30% y en Europa las transferencias llegan a casi un 40%.

Más adelante agregó: “hoy vemos que para los ciudadanos de las 345 comunas del país se requieren servicios municipales de calidad y acciones mucho más profundas en materias de  seguridad ciudadana, la migración, la salud y la educación. Y para ello es necesario acciones concretas y el financiamiento adecuado, de lo contrario los problemas se  van a ir acentuando gravemente”. Por ello le hemos solicitado ya  al Presidente electo podamos reunirnos a la brevedad para revisar nuestra agenda de desarrollo municipal.

Cuadrado, finalizó señalando que “sin duda  las municipalidades, que jugaron un rol fundamental en uno de los  momentos más críticos de nuestra estabilidad democrática al llamar a Consulta Ciudadana, -que convocó a más de dos y medio millones de personas, que se manifestaron por una nueva Constitución-  requieren de la atención urgente de nuestras autoridades y del mundo político”.

La comisión mixta resolvió que la modificación al Código de Aguas esta lista para el despacho a ley y fue enviada a la Cámara de Diputados para ser enviada al Ejecutivo para su promulgación. Esta cambia para las nuevas concesiones y se dejará atrás la entrega a perpetuidad al ser cambiada …por 30 años renovable, pero también la declara como imprescindible para el consumo humano.

Este miércoles 12 de enero de 2022 marcara un hito en la historia de la reconquista de valores ciudadano luego que modificara el Código de Aguas con grandes cambios, aunque en la suma y la resta todo indica que es un paso en el control del vital líquido por parte del Estado de Chile. Lo increíble es que, tras 15 años de permanencia en el Congreso en las diversas discusiones, por acuerdo de la Comisión esta fue votada como Fácil Despacho

De las 17 divergencias entre las dos Cámaras que estaban pendientes, 3 se votaron por mayoría y 14 por unanimidad.

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El texto publicado por el ASenado es el que sigue:

Aprueban informe de Comisión Mixta

Actualización del Código de Aguas: Senado respaldó por unanimidad la iniciativa

La iniciativa quedó en condiciones de ser ley y durante el debate en Sala se resaltó “la búsqueda de acuerdos que permitieron actualizar esta herramienta” que permitirá al Estado poder gestionar el agua para el periodo que viene.

12 de enero de 2022

Tras un amplio debate y búsqueda de acuerdos, el Congreso despachó el proyecto que actualiza el Código de Aguas, reforzando el carácter de bien público del agua y consagrando una nueva regulación para la constitución, ejercicio y extinción de los derechos, así como proteger y fortalecer la función que cumple el agua dulce en los ecosistemas terrestres.

 Durante la votación en Sala, fue la senadora Adriana Muñoz, quien explicó a sus pares los principales aspectos que se regulan en esta normativa que fija además los plazos que tendrán las concesiones y detalló las 17 divergencias que se suscitaron entre las dos ramas del Congreso y que dieron origen a la formación de una Comisión Mixta. Según la senadora -quien presidió dicha instancia- tres de las divergencias se resolvieron por mayoría y las restantes se aprobaron de manera unánime.

Precisó que las disposiciones del proyecto se pueden agrupar en cuatro áreas: consumo humano; aguas del minero; asuntos de carácter misceláneo; y características de las concesiones.

Tras la aprobación unánime de la iniciativa, los senadores Jorge Pizarro y Carmen Gloria Aravena, valoraron el trabajo realizado y la búsqueda de acuerdos que permitió que el proyecto fuera aprobado prácticamente por la unanimidad del Congreso.

En la misma línea, se manifestó el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien señaló que se trata de un cambio enorme en las herramientas que tendrá el Estado para poder gestionar el agua de aquí hacia adelante, haciendo alusión al complejo panorama climático y de escasez hídrica que afecta al país.

PRINCIPALES ASPECTOS

Durante el trámite en la Comisión Mixta, la discusión estuvo centrada en 4 áreas de interés:

Consumo humano, saneamiento y usos domésticos de subsistencia, mejorándose la redacción para asegurar la coherencia en la denominación de los usos prioritarios y enfatizar su preferencia. En el caso de la extinción de los derechos sobre reservas, se mantuvo la posibilidad de impetrar recursos, pero acotando la suspensión del cumplimiento, en forma excepcional, a la reclamación.

“Aguas del minero”:  se acordó que los concesionarios mineros deberán informar a la DGA para utilizar las aguas, fijando un plazo de 90 días, prorrogables por solo una vez, para que dicha repartición evalúe si la extracción afecta la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros y manteniendo la restricción, acordada en el Senado, de que tales aguas solo pueden utilizarse en faenas de explotación. Asimismo, se precisó que, en caso de término, caducidad, extinción o renuncia de un derecho de aprovechamiento, las aguas quedarán libres para ser reservadas por el Estado y para la constitución de nuevos derechos sobre ellas.

Asuntos de carácter misceláneo: Se faculta a la DGA para revisar, en cualquier momento, las circunstancias que dieron origen a la declaración del área de restricción y se obliga a una evaluación transcurridos cinco años.

Características de las concesiones: Los derechos nuevos, ahora sujetos a un plazo, se entenderán renovados, salvo que la DGA haya acreditado que no están en uso o que existe una afectación a la fuente. Se dispone que, para la renovación anticipada, la DGA deberá analizar la solicitud y renovarla solo en caso de no haber verificado que el derecho no se encuentra en uso y que no existe afectación ni se ponga en riesgo la sustentabilidad.

Por último, se estableció la prohibición de construir sistemas de drenaje en las zonas de turberas, incluyendo a la provincia de Chiloé, además de las Regiones de Aysén y de Magallanes.

PLAZOS

Asimismo, regula el plazo de concesión de un derecho de agua, la cual se concederá por un período de 30 años, de acuerdo a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según corresponda; período que se prorrogará sucesivamente, a menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso.

Dispone que la duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará por el solo ministerio de la ley y sucesivamente, a menos que la Dirección General de Aguas acredite, mediante una resolución fundada, el no uso efectivo del recurso o que existe una afectación a la sustentabilidad de la fuente que no ha podido ser superada.

Faculta a la Dirección General para limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento, en forma proporcional, cuando exista riesgo que este uso pueda generar una grave afectación al acuífero (cuando con el volumen de extracción actual se produce un descenso sostenido o abrupto de los niveles freáticos del acuífero),  o a la fuente superficial de donde se extrae; e incluso, si el riesgo persiste, podrá suspender temporalmente el ejercicio de todos aquellos derechos que provocan el riesgo o afectación.

Regula la extinción total o parcial de los derechos, mediante resolución de la Dirección General, si el titular de no hace uso efectivo del recurso o no realiza las obras para utilizar las aguas de conformidad con los plazos y suspensiones que se establecen; las usa para un fin diverso para aquel que han sido otorgadas, o cede su uso a cualquier otro título.

Dispone que, en el caso de los derechos de aprovechamiento consuntivos (que faculta a su titular para consumir totalmente las aguas en cualquier actividad), el plazo de extinción será de 5 años;  y en el caso de aquellos de carácter no consuntivos (que permite emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla en la forma que lo determine el acto de adquisición o de constitución del derecho) será de 10 años; regulándose la forma de contabilización de estos plazos y de la suspensión de los mismos.