Señor director:

Hace unos días conocimos que el río Vizcachas, que corre por Chile y Argentina, se secó por intervención en el lado trasandino. Este forma parte de una cuenca mayor, la hoya del río Serrano, una de las más importantes al norte de Puerto Natales. Integra ríos y lagos que se encuentran en estancias privadas y en el Parque Nacional Torres del Paine, reserva mundial de la biósfera.

Lo anterior generó una nueva controversia, pues la Cancillería chilena, después de analizar el caso con la Dirección de Fronteras y Límites, solicitó los antecedentes a su par argentino para conocer quién y cómo se alteró un curso de agua internacional regulado mediante el Tratado de Medio Ambiente y el Protocolo de Recursos hídricos compartidos, firmado en 1991.

El documento establece que todas las acciones que se hacen en un curso de agua internacional deben ser informadas a su contraparte. Como Chile se posiciona río abajo, se ve directamente afectado por lo que ocurra en la provincia de Santa Cruz, al otro lado de la frontera.

Estas situaciones no solo perjudican el equilibrio ecológico, cada vez más presionado por la falta de lluvias. También la relación construida entre Chile y Argentina por medio de mecanismos que eviten efectos negativos en el agua de ambas naciones. Algo que con el río Vizcachas no sucedió.

Karen Manzano Iturra

Académica e Investigadora Instituto de Historia USS

El presidente (s) de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), alcalde de Talcahuano, Henry Campos, realizó un llamado al Gobierno y al Parlamento, para legislar con urgencia sobre el rol municipal en materia de seguridad, a raíz del lamentable asesinato de un funcionario de seguridad municipal.

En este contexto, el alcalde de Talcahuano dijo que “creemos que es repudiable lo que ha ocurrido, donde un funcionario de seguridad ha concurrido a prestar ayuda a víctimas de delitos y lamentablemente resulta herido y fallece, nuestras condolencias a su familia y la comunidad, creemos que la función pública no debe ser abandonada”.

Campos, agregó que “queremos hacer un llamado enérgico al Congreso y también al Gobierno, como ACHM, desde el año 2008 tenemos un proyecto de ley sobre el rol preventivo de los municipios en materia de seguridad que hoy lamentablemente descansa hace 15 años en el parlamento”.

Sobre las conversaciones sostenidas con el parlamento y el ejecutivo, el jefe comunal de Talcahuano, dijo que “le señalamos al Gobierno en la mesa de seguridad que necesitamos un estatuto similar al de carabineros,  porque no puede ser que tengamos funcionarios de seguridad de primera y segunda clase, hoy hemos apoyado a carabineros en las medidas de seguridad a través de la Ley Naín-Retamal  y los estatutos de protección que garanticen el ejercicio de la actividad nuestros carabineros y PDI”.

Por último, Campos señaló que “esperamos que hoy el Gobierno pueda ingresar un proyecto de Ley y que se pueda tramitar con urgencia, para que de la misma manera en que hemos sido capaces como Estado de garantizar la seguridad de Carabineros, garanticemos también la seguridad de los funcionarios municipales que cumplen un rol importante en materia de seguridad preventiva”.

A casi dos años de la elección de los gobernadores regionales, hemos podido constatar interesantes ejemplos de gestión y liderazgo. Es el caso de los gobernadores Rodrigo Díaz y Luciano Rivas, en Biobío y La Araucanía respectivamente, quienes han demostrado capacidad para convocar y movilizar a las distintas autoridades en escenarios de gran convulsión por hechos violentos. También el caso del gobernador Claudio Orrego, con la dificultad que supone dirigir una región como la Metropolitana; o el gobernador Patricio Vallespín, en Los Lagos, al invitar a conversar a distintos actores para identificar brechas, desafíos y compromisos en materia ambiental.

No obstante, en veredas opuestas encontramos casos donde el propio consejo regional cuestiona a su máxima autoridad por déficits de gestión y no son casos aislados. Si aplicamos la regla de ejecución, comparando el presupuesto inicial aprobado para los gobiernos regionales en 2022 con su ejecución final real, esta no habría superado el 85%, afectando con ello la capacidad de crecimiento y creación de empleos.

Cabe entonces concordar que la elección de los gobernadores es solo un eslabón de una compleja cadena de instituciones y decisiones que como país debemos construir. En tal sentido, uno de los desafíos más importantes sigue siendo la formación, atracción y retención de capital humano calificado en regiones.

Desde las universidades, es una tarea que debemos abordar con decisión, no solo asegurando la excelencia académica, sino que imprimiendo sólidos valores y estimulando el compromiso de los jóvenes con sus comunidades. Programas y proyectos destinados a involucrar tempranamente a estudiantes e investigadores en asuntos de interés público marcarán una contribución sustantiva para el desarrollo regional.

Pero se hace complejo atraer y retener capital humano calificado si no existen incentivos adecuados a la inversión, con procedimientos expeditos para iniciar nuevos negocios y estímulos tributarios transitorios. Por eso, el rol del Estado, en sus distintos niveles, debe ser entendido como un catalizador que promueva el pleno desarrollo de la actividad privada distribuyendo sus recursos de manera equitativa en el territorio. Por su lado, el sector privado debe contribuir en la generación de bienes públicos y el desarrollo sostenible de la industria de la mano de las comunidades.

Finalmente, un proceso de descentralización efectivo necesita de altos niveles de coordinación entre las instituciones del Estado: municipios, gobiernos regionales, ministerios y servicios públicos. Esto requiere un diseño orgánico de competencias y facultades bien definido y el compromiso político de las distintas autoridades de avanzar en un actuar complementario y no competitivo, articulado y no desconectado, motivados por el sentido de urgencia y la responsabilidad que exige administrar los recursos de todos los chilenos.

María Paz Troncoso Pulgar

Centro de Políticas Públicas

Facultad de Economía y Gobierno

Universidad San Sebastián

Ex Subsecretaria de Desarrollo Regional