Señor Director:

En los últimos años, Chile ha experimentado un alarmante retroceso en diversos indicadores. Según el último informe de Transparencia Internacional, el país cayó un puesto en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024. Junto con ello, también descendió seis lugares en el ranking de calidad democrática que realizó The Economist. Asimismo, obtuvo el peor registro histórico en el Ranking de Libertad Económica. Y por último, si hablamos de fútbol, La Roja salió del top 50 de la FIFA, a pesar del triunfo de este martes. La evidencia es clara: no estamos en nuestro mejor momento.

Sin embargo, el viernes pasado, fuimos testigos de un fenómeno mediático y social inédito. El país se unió para apoyar a Emilia Dides, quien disputó la corona del Miss Universo. Tanto fue así, que Chilevisión alcanzó un rating de 35 puntos durante la final, lo que mostró un profundo interés popular en este evento.

Pero este fenómeno tiene un origen más profundo. La expectativa de que nuestra candidata pudiera ganar representaba un anhelo de éxito, de redención, y de ver a Chile brillar en un escenario global. En medio de nuestras dificultades sociales y económicas, la participación de Dides fue un respiro frente a los desafíos cotidianos.

En un contexto dominado por malas noticias, las marcas tienen el desafío adicional de buscar generar experiencias que nos den orgullo y bienestar. Sin embargo, a veces estas experiencias parecen más una estrategia de marketing que una conexión genuina con las personas. Hoy más que nunca, necesitamos aquello que nos una, inspire y nos haga sentir orgullosos de ser chilenos. Es ahí donde está el mayor aporte de las agencias.

Cristián Frederick

Director General de Cuentas en TBWA

Incremento de gastos en sistemas de vigilancia, robos de herramientas, equipos y materiales, son algunos de los problemas a los que se enfrentan las constructoras y que hacen que aumenten sus costos, según una investigación realizada por el académico de la UTalca, Armando Durán Bustamante.

El aumento de la delincuencia en nuestro país afecta a todos los sectores sociales y económicos, entre ellos está el de la construcción, donde este fenómeno está impactando con fuerza. Así lo observó el académico de la Universidad de Talca, Armando Durán Bustamante, quien realizó una investigación en un ámbito que no se había estudiado, y, que permite comprender y precisar cómo afecta esta problemática a los costos en los diferentes proyectos inmobiliarios.

En el estudio se pudo establecer –entre otras cosas- que, “el impacto de la delincuencia en los costos de construcción de proyectos inmobiliarios podría encarecerlos hasta en un 14%”.

Este valor asociado, explicó el académico de la UTalca, golpea a proyectos de densificación como los edificios, pero por sobre todo encarece los proyectos inmobiliarios de extensión, que se emplazan en varias hectáreas y donde se crean las condiciones ideales para el robo de maquinarias, equipos y materiales de construcción.

“Las empresas constructoras han tenido que hacer cambios profundos en las instalaciones de faenas, planificación de las obras, y especialmente en las etapas de terminaciones. En el estudio, pudimos determinar que, las constructoras entrevistadas han tenido que incorporar más de 20 acciones, que antes no se contemplaban”, detalló el profesor.

La investigación determinó que estos cambios, que se repiten en las diferentes obras en construcción, van desde el retiro e instalación de cálefont y griferías, reforzamiento de talleres y accesos, aumento de luminarias y mejora en cercos perimetrales, casetas de guardias, instalación de bodegas reforzadas, aumento en el personal de control de materiales en obras, contratación de empresas externas para el monitoreo con cámaras de vigilancia y hasta el arriendo bodegas especiales de resguardo de materiales y equipos de alto valor, entre otras.

Las empresas que participaron del estudio y que fueron entrevistadas, están desarrollando proyectos inmobiliarios entre Antofagasta y Puerto Montt. “Está el caso de una constructora en la región del Maule que durante ocho meses de obra ya registra más de 100 millones de pesos de pérdidas por robos. Sin duda, hay elementos y datos que arroja el estudio, que nos pueden hacer pensar que son producto del crimen organizado”, manifestó el especialista.

La idea de una organización delictual que se beneficia con estos robos surge de la forma en que se realizan y los datos que manejan los asaltantes. “En la Macrozona Norte, por ejemplo, hay constructoras que deben contemplar cambios de ruta y vehículos a la hora de transportar maquinarias y aun así siguen sufriendo asaltos”, agregó Durán.

Este fenómeno redundaría, además, en la disminución de proyectos realizados. “Las cifras de permisos de edificación divulgadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), indican que en julio de 2024 se aprobaron solo 2.966 viviendas nuevas en el país, lo que representa una caída del 76,7% anual. A su vez, la caracterización por región, da cuenta de cómo la delincuencia influye en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y en un rubro de inversión, donde este tema es un factor fundamental en la toma de decisiones, trae como consecuencia menor construcción de proyectos privados de viviendas en Chile”.

El especialista subrayó que inevitablemente este aumento del valor en la construcción termina siendo traspasado directamente a los compradores. “La mayoría de las empresas encuestadas señalaron que, según su registro, los costos asociados al tema de la protección por la delincuencia superan el 10 % de la obra y ese aumento lo pagará quien compre la vivienda”.

El operativo gestionado por la PDI en coordinación con ALTO,  terminó con dos personas detenidas, una de nacionalidad chilena  y otra, haitiana, quienes fueron formalizadas por el delito de receptación y se mantienen bajo medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, durante  los 60 días que durará la investigación.

Un operativo en la Vega Central coordinado  entre ALTO  y la PDI permitió recuperar  347 carros que habían sido robados de distintas cadenas de supermercados, cuya avalúo se estima en $22 millones de pesos aproximadamente.

El procedimiento culminó con dos personas detenidas, una de nacionalidad chilena y otra,  haitiana, quienes fueron formalizadas por el delito de receptación, quedando bajo las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, durante los primeros 60 días que el tribunal decretó para el desarrollo de la investigación.

El hurto y robo de carros es un delito que ha afectado significativamente a los supermercados en Chile durante los últimos años. En 2023 la PDI, en conjunto con ALTO ya habían desarrollado un operativo en La Vega Central donde se incautaron 197 carros de supermercado.

“Durante la última década, el robo o hurto de carros de supermercado en Chile ya era un problema existente. Sin embargo, a partir de 2022, tras la pandemia, hemos observado un crecimiento en las pérdidas de estos activos. Las pérdidas pueden resultar millonarias para las empresas si se consideran los volúmenes involucrados anualmente  y  por otra parte  este tipo de delito puede generar efectos no deseados  en la experiencia de compra de  los clientes de los supermercados.”, comenta Eduardo Hernandez, Gerente Legal de ALTO en Chile.

Pero ¿cuál es el negocio de los carros de supermercados? Según explica el profesional, “en este caso, hemos podido observar la existencia de una red que busca generar ingresos ilícitos a partir de la explotación de activos (carros de supermercados) obtenidos ilegalmente que se entregan  en arriendo. El modus operandi es el siguiente: luego de sustraer estos activos, los involucrados almacenan los carros en sus propias viviendas, lo que permite ocultarlos de un eventual procedimiento policial (de fiscalización) para luego, instalarse físicamente en alguno de los accesos a la Vega Central, con el propósito de captar clientes a quienes arriendan y exigen muchas veces una garantía para la utilización de  los carros robados, además de un pago entre $3 mil a $5 mil pesos”.

“Este tipo de actividades no sólo afecta gravemente a las empresas privadas (supermercados), sino que también representa una forma organizada de delito que requiere la ejecución de diversas etapas como la sustracción previa; almacenamiento de bienes robados; implementación de una cadena logística destinada a poner en circulación estos activos para darlos en arriendo, generando ingresos ilícitos que infringen diversos marcos regulatorios (ej: municipales; tributarios; penales). Por tanto, se vuelve necesario implementar medidas más estrictas de control y prevención”, agrega.

En relación con el operativo que logró la incautación de los carros, de los cuales el 79%  pertenecen a clientes de la red ALTO, su Gerente Legal destacó la importancia de que las empresas implementen medidas de seguridad para proteger sus activos: “Permanentemente estamos observando formas de delincuencia más o menos estructurada , y con distintos niveles de sofisticación, en diversas industrias, que impactan negativamente  en colaboradores, clientes, así como también en los resultados económicos de las empresas”, concluyó.