Seguridad, salud y apoyo a la comunidad: Más de un centenar de comunas ya han usado los recursos entregados en abril de 2024 gracias a los fondos puente de la Ley de Royalty. En total, se repartieron 93 mil millones por Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial. Dentro de las iniciativas, se incluyen la entrega de becas de excelencia académica, compra de vehículos para el traslado de pacientes y adquisición de drones y cámaras de vigilancia.

161 municipios beneficiados por el Fondo de Equidad Territorial y 24 de los que recibieron recursos gracias al Fondo de Comunas Mineras han dado cuenta del uso de los montos recibidos gracias a los Fondos Puente de la Ley de Royalty.

Este fue un aporte extraordinario tramitado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ante el Congreso, en el marco de la Ley de Presupuestos 2024, como un adelanto de recursos previo a que la Ley de Royalty entre en régimen el año 2025. Los municipios beneficiados deben dar cuenta de sus modificaciones presupuestarias y ejecución de gastos trimestralmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que, a su vez, informa al Congreso Nacional y Contraloría General de la República.

Según el último informe entregado, en el pasado noviembre, los recursos se han utilizado en múltiples formas, tanto como para el uso interno de los municipios, como para la inversión en proyectos, compras y usos en directo beneficio de la comunidad.

Una de las inversiones que se destaca es en materia de seguridad. En este ámbito, se han comprado drones para vigilancia en las comunas de Machalí y Lota; en Copiapó se compró un vehículo y equipamiento para programas de seguridad pública; en Carahue se destinaron fondos para la compra de combustible para los vehículos de seguridad ciudadana; se compraron cámaras de vigilancia en Purranque; en Los Sauces se contratará un inspector municipal dedicado a seguridad y en Vilcún se destinaron recursos para la compra de chalecos antibalas para inspectores municipales. Asimismo, distintas comunas como La Cisterna, Lanco y San Javier dispusieron parte de los fondos para comités de seguridad o fondos concursables en la materia.

La recuperación y mejoramiento del espacio público también ha concentrado uso de recursos, como para el arreglo y reposición de luminarias en Litueche, Villa Alemana, Olmué, Los Álamos, Niquen, Lanco, Lumaco, Río Ibáñez, Calera, Punitaqui y San Fabián. Junto a ello, en Coquimbo, Yungay, Quemchi y Coltauco se invirtió en mejoras de mobiliario, juegos, árboles o veredas de plazas, mientras que en Bulnes se habilitará una multicancha y en Portezuelo se dispondrá de un refugio peatonal.

Por otro lado, también destacan las inversiones relacionadas a salud. Una decena de municipios transfirió montos a aquellos departamentos; en Doñihue, Panquehue y La Estrella se usaron recursos para la implementación y puesta en marcha de la farmacia comunal; en Lanco se contratará un odontólogo para su departamento; en Vichuquén cambiarán la cubierta del CESFAM; y en Isla de Maipo y Hualqui tendrán vehículos para el traslado de pacientes.  Asimismo, en Catemu y San Rosendo se contratarán personas para ejercer labores de cuidado.

La educación también ha sido área de inversión con, por ejemplo, la entrega de fondos para becas de excelencia académica o deportiva tal como lo hicieron las comunas de Monte Patria, Panquehue, San Clemente, Pinto, San Antonio, Papudo, Algarrobo, Contulmo, Palena, Chillán Viejo, Niquen y Huasco. En Palmilla se compró un furgón para traslado de alumnos y en más de una decena de otros municipios se transfirieron recursos directamente a sus departamentos educativos.

El cuidado al medioambiente no se quedó atrás. En Saavedra, Palena y Lago Verde se invertirá en la recolección y deposición final de residuos sólidos; en Florida y Mariquina se comprarán nuevos contenedores de desechos; y en Dalcahue se arrendará un vehículo para retiro de basura.

Asimismo, los municipios de Doñihue, Peralillo, Puente Alto, Mariquina, Lago Ranco, Curanilahue, Ercilla y Curaco de Vélez entregaron subvenciones o invertirán en mejorar espacios de los Cuerpos de Bomberos.

También hubo municipios, como Peumo, Padre Las Casas, Pinto y Doñihue que usaron parte de los montos recibidos gracias a los Fondos Puente de la Ley de Royalty en servicios veterinarios, como habilitación de centros, materiales y alimentos para animales.

Es importante destacar que estos recursos son de libre disposición por parte de los municipios, que solo deben contar con la aprobación de su Concejo Municipal para destinar sus usos. Asimismo, el reglamento de los Fondos Puente no determina una temporalidad de cuándo deben ser invertidos.

*Este es un listado descriptivo y no exhaustivo de uso de recursos, debido a que hay más municipios que han utilizado los fondos y en otras áreas.

Señor Director:

En los últimos años, Chile ha experimentado un alarmante retroceso en diversos indicadores. Según el último informe de Transparencia Internacional, el país cayó un puesto en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024. Junto con ello, también descendió seis lugares en el ranking de calidad democrática que realizó The Economist. Asimismo, obtuvo el peor registro histórico en el Ranking de Libertad Económica. Y por último, si hablamos de fútbol, La Roja salió del top 50 de la FIFA, a pesar del triunfo de este martes. La evidencia es clara: no estamos en nuestro mejor momento.

Sin embargo, el viernes pasado, fuimos testigos de un fenómeno mediático y social inédito. El país se unió para apoyar a Emilia Dides, quien disputó la corona del Miss Universo. Tanto fue así, que Chilevisión alcanzó un rating de 35 puntos durante la final, lo que mostró un profundo interés popular en este evento.

Pero este fenómeno tiene un origen más profundo. La expectativa de que nuestra candidata pudiera ganar representaba un anhelo de éxito, de redención, y de ver a Chile brillar en un escenario global. En medio de nuestras dificultades sociales y económicas, la participación de Dides fue un respiro frente a los desafíos cotidianos.

En un contexto dominado por malas noticias, las marcas tienen el desafío adicional de buscar generar experiencias que nos den orgullo y bienestar. Sin embargo, a veces estas experiencias parecen más una estrategia de marketing que una conexión genuina con las personas. Hoy más que nunca, necesitamos aquello que nos una, inspire y nos haga sentir orgullosos de ser chilenos. Es ahí donde está el mayor aporte de las agencias.

Cristián Frederick

Director General de Cuentas en TBWA

Incremento de gastos en sistemas de vigilancia, robos de herramientas, equipos y materiales, son algunos de los problemas a los que se enfrentan las constructoras y que hacen que aumenten sus costos, según una investigación realizada por el académico de la UTalca, Armando Durán Bustamante.

El aumento de la delincuencia en nuestro país afecta a todos los sectores sociales y económicos, entre ellos está el de la construcción, donde este fenómeno está impactando con fuerza. Así lo observó el académico de la Universidad de Talca, Armando Durán Bustamante, quien realizó una investigación en un ámbito que no se había estudiado, y, que permite comprender y precisar cómo afecta esta problemática a los costos en los diferentes proyectos inmobiliarios.

En el estudio se pudo establecer –entre otras cosas- que, “el impacto de la delincuencia en los costos de construcción de proyectos inmobiliarios podría encarecerlos hasta en un 14%”.

Este valor asociado, explicó el académico de la UTalca, golpea a proyectos de densificación como los edificios, pero por sobre todo encarece los proyectos inmobiliarios de extensión, que se emplazan en varias hectáreas y donde se crean las condiciones ideales para el robo de maquinarias, equipos y materiales de construcción.

“Las empresas constructoras han tenido que hacer cambios profundos en las instalaciones de faenas, planificación de las obras, y especialmente en las etapas de terminaciones. En el estudio, pudimos determinar que, las constructoras entrevistadas han tenido que incorporar más de 20 acciones, que antes no se contemplaban”, detalló el profesor.

La investigación determinó que estos cambios, que se repiten en las diferentes obras en construcción, van desde el retiro e instalación de cálefont y griferías, reforzamiento de talleres y accesos, aumento de luminarias y mejora en cercos perimetrales, casetas de guardias, instalación de bodegas reforzadas, aumento en el personal de control de materiales en obras, contratación de empresas externas para el monitoreo con cámaras de vigilancia y hasta el arriendo bodegas especiales de resguardo de materiales y equipos de alto valor, entre otras.

Las empresas que participaron del estudio y que fueron entrevistadas, están desarrollando proyectos inmobiliarios entre Antofagasta y Puerto Montt. “Está el caso de una constructora en la región del Maule que durante ocho meses de obra ya registra más de 100 millones de pesos de pérdidas por robos. Sin duda, hay elementos y datos que arroja el estudio, que nos pueden hacer pensar que son producto del crimen organizado”, manifestó el especialista.

La idea de una organización delictual que se beneficia con estos robos surge de la forma en que se realizan y los datos que manejan los asaltantes. “En la Macrozona Norte, por ejemplo, hay constructoras que deben contemplar cambios de ruta y vehículos a la hora de transportar maquinarias y aun así siguen sufriendo asaltos”, agregó Durán.

Este fenómeno redundaría, además, en la disminución de proyectos realizados. “Las cifras de permisos de edificación divulgadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), indican que en julio de 2024 se aprobaron solo 2.966 viviendas nuevas en el país, lo que representa una caída del 76,7% anual. A su vez, la caracterización por región, da cuenta de cómo la delincuencia influye en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y en un rubro de inversión, donde este tema es un factor fundamental en la toma de decisiones, trae como consecuencia menor construcción de proyectos privados de viviendas en Chile”.

El especialista subrayó que inevitablemente este aumento del valor en la construcción termina siendo traspasado directamente a los compradores. “La mayoría de las empresas encuestadas señalaron que, según su registro, los costos asociados al tema de la protección por la delincuencia superan el 10 % de la obra y ese aumento lo pagará quien compre la vivienda”.