Estudio de la U. Talca: La investigación realizada por el académico de la Facultad de Ingeniería de esta casa de estudios, Armando Durán Bustamante, determinó que el año pasado se produjo un déficit en la construcción de viviendas sociales, a nivel nacional, superior al 50%.

Si no hay cambios en la velocidad de entrega de viviendas sociales, el déficit habitacional al cierre 2025 sería cercano a 750 mil casas, concluyó una reciente investigación de la Universidad de Talca que se basó en datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entregados vía Transparencia.

El estudio se denomina “Crisis habitacional en Chile: Construcción de viviendas sociales sin deuda”, y fue realizado por el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, Armando Durán Bustamante, quien determinó que el principal problema consiste en los tiempos de entrega de estas soluciones habitacionales que van de los 5 a 10 años en promedio.

“Las cifras del ciclo de vida, que es el tiempo en que se conforma un grupo habitacional hasta la entrega de las viviendas, no se ha acelerado y en algunos casos son superiores a los 15 años”, explicó.

De acuerdo con la investigación, a nivel nacional la cifra del déficit en 2023 llegó al 50,92%. Los casos más complejos se observan en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins, Los Ríos, Aysén y Magallanes, donde el déficit en la cantidad de viviendas sociales construidas en 2023 respecto al año anterior fue superior al 80%.

Uno de los puntos de inflexión se observa en las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), que son los organismos que asesoran a los comités habitacionales, los que -de acuerdo al estudio- presentan “una desigualdad ostensible en la postulación a los beneficios, enmarcándose principalmente en algunas zonas territoriales y desfavoreciendo a otras”, indicó el académico.

“Desde el punto de vista de la distribución territorial de las EGIS, sería esperable que el mercado las condujese a las regiones con mayor pobreza. Sin embargo, las consultoras participan desarrollando proyectos donde el ciclo de vida es menor, afectando la competitividad entre regiones y agudizando la crisis habitacional”, detalló.

Otra problemática se observó en la atracción de inversiones. “Se entrevistaron a EGIS y empresas constructoras para conocer cuáles son las mayores dificultades de la baja participación en proyectos de viviendas sociales, determinándose que la construcción de estas soluciones habitacionales, no ofrecen rentabilidad a los agentes que participan en el mercado y actualmente no es factible atraer inversión particularmente privada” indicó el profesor.

En este sentido, las acciones que podrían llevar a una mejora en la brecha de construcción de viviendas deberían apuntar a “trabajar con la demanda, la permisología y un mayor conocimiento de la trazabilidad para que participen nuevos actores, ya que el Estado actualmente cumple un rol fundamentalmente normativo y subsidiario del acceso a la vivienda a familias de menores ingresos”, manifestó el especialista.

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los datos obtenidos desde el MINVU, a los que se incorporaron cifras del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio de la misma cartera y entrevistas directas a 35 EGIS y 25 empresas constructoras nacionales.

Señor director

Días atrás, uno de los últimos actos del gobierno de Alberto Fernández fue presentar el nuevo Libro Blanco de la Defensa de Argentina, con las principales directrices en esas materias. Dentro del documento se observa, claramente, que se insiste en dos tópicos que han generado controversias con Chile en los últimos años: la plataforma continental y la Antártica.

Argentina refuerza el concepto de bicontinentalidad con la superposición de mapas que chocan con los espacios marítimos nacionales, pues se vuelve a mostrar la misma cartografía que ha sido cuestionada varias veces por el gobierno chileno y declara el énfasis en el eje Atlántico Sur – Antártica, siendo este último donde se encuentran las disputas con Chile.

Esto demuestra que los problemas no han terminado y que seguirán presentes, aunque se haya cambiado de gobierno.

Karen Manzano Iturra

Instituto de Historia Universidad San Sebastián.

La iniciativa, que busca prevenir la corrupción y ampliar los mecanismos de participación ciudadana, se encuentra ad portas de ser despachada por la Comisión de Gobierno Interior.

Continúa la votación del proyecto de ley que fortalece la probidad en los municipios. La iniciativa, que se encuentra en trámite en la Comisión de Gobierno Interior, fomenta la transparencia y la rendición de cuentas de todas las instituciones que reciban aportes públicos de cualquier tipo. Al mismo tiempo, el texto busca prevenir la corrupción y ampliar los mecanismos de participación ciudadana.

En la sesión, la instancia avanzó en normas que se encontraban pendientes de votación y en las cuales existía acuerdo con el Ejecutivo. Así, el grupo parlamentario respaldó una indicación que plantea que las corporaciones y fundaciones deben entregar un informe trimestral sobre su gestión y marcha al Consejo.

Una de las indicaciones que no tuvo respaldo fue la que apuntaba a establecer una sanción de multa en los casos en que no se fundamente el voto o abstención de los concejales. Esto, en el contexto de la votación de proyectos. Sobre dicha enmienda, el Ejecutivo señaló que “sería improcedente establecer una sanción de multa en estos casos”, punto compartido por la mayoría de las y los diputados de la comisión. Aseguraron, además, que esto podría generar ciertos problemas en su implementación y un estándar distinto. En particular, respecto a los demás órganos que también tienen deberes de fundamentación.

En otras materias, la comisión dejó pendiente de votación una indicación en este proyecto sobre probidad en los municipios. La propuesta de norma señala que el Consejo podrá solicitar un informe a las empresas, corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales y las entidades que reciban aportes o subvenciones de las municipalidades. Ello, donde se detalle el uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los aportes o subvenciones municipales percibidas.

Por otra parte, el grupo parlamentario solicitó conocer la respuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades y de la Contraloría respecto al gasto en personal que se encuentra cumpliendo funciones en corporaciones y fundaciones que dependen de las municipalidades.

A la espera de la contestación, la instancia acordó avanzar en las siguientes indicaciones y dejar pendiente de votación dicha materia. De igual modo, concordó en despachar la propuesta dentro de las próximas sesiones.

Octubre 25, 2023