No hay alegría en mí. No hay celebración posible. La prisión preventiva decretada contra el ex diputado Joaquín Lavín León, y ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago no despierta en mi espíritu ni un ápice de regocijo. Solo encuentro espacio para el silencio. Para una meditación profunda y dolorosa sobre esa cara oscura del poder político, esa que, en manos inescrupulosas, es capaz de triturar la dignidad de personas inocentes sin que le tiemble el pulso. Carta enviada por  Christian Vittori Muñoz.

Han sido años durísimos. Años que nos marcaron a fuego.

Escribo estas palabras como un acto tardío, pero necesario, de justicia. Justicia para los dirigentes sociales que entregaron su alma trabajando por la comunidad. Justicia para los vecinos que creyeron. Justicia para los funcionarios municipales que fueron degradados a enemigos y despedidos. Y justicia, sobre todo, para mi familia, que soportó en silencio la maquinaria del desprestigio, la discriminación feroz, el atropello sistemático de nuestros derechos y el pisoteo cruel de nuestra imagen. Todo aquello para satisfacer un capricho personal del matrimonio Barriga-Lavín, cuyos efectos venenosos respiramos los maipucinos hasta el día de hoy, como una condena que se niega a terminar.

 

El juez lo dejó claro en su resolución: se dio por acreditado que el ex diputado montó un call center electoral con fondos del Congreso, presentó rendiciones de gastos parlamentarios falsas para pagar deudas de campaña y creó una red de operadores políticos incrustada en la propia Municipalidad. Qué amarga ironía verlo ahora. Mientras ellos tejían esa verdadera maquinaria en el corazón del municipio de Maipú, a nosotros nos trataban de la peor manera. Entre 2015 y 2020, por orden de Barriga, nos llamaron corruptos, imputados; nos señalaron con dedos acusadores y se orquestó un show mediático. A los funcionarios y profesionales nos trataron como delincuentes, y a las dirigentas sociales como simples operadoras políticas. Nos arrastraban por el lodo mientras la trama real operaba a plena luz del día, con la ayuda y el beneplácito de actores políticos locales, mal llamados “líderes” de centro y de izquierda. Protegían sus parcelas de poder y alimentaban sus cofradías, vendidos por un cupo laboral, por un contrato miserable, por envidia… o simplemente por gusto. Se destinaron recursos municipales y ministeriales para aceitar esta máquina aniquiladora de persecución política sin importar el daño personal, familiar, laboral, profesional y moral, ni el sufrimiento infringido a nuestros hijos, el mismo que se clama hoy como un grito desesperado.

 

En lo personal, mi familia y yo fuimos querellados por Lavín y Barriga a través de su amigo y abogado, Carlos Fairlie, también imputado en esta investigación y pagado con recursos del Congreso para fines políticos espurios. Fueron años de calvario en los tribunales. Años de cargar con el peso de mentiras viles. Hasta que finalmente, con la verdad como única arma, pude demostrar mi inocencia. Fui absuelto. Primero en los Tribunales Orales y luego en la Corte de Apelaciones de Santiago. Absuelto de todas las acusaciones. Pero la pregunta que aún me taladra el alma sigue sin respuesta: ¿quién repara el daño personal, el daño profesional, el daño laboral de nuestra familia? ¿Quién restituye el honor mancillado y el escarnio público que sufrimos? ¿Quién les devuelve su fuente de trabajo a los más de mil funcionarios despedidos, que hasta hoy no reciben el pago ni siquiera de sus imposiciones?

Por eso, y por tantas otras razones imposibles de enumerar aquí, este no es momento de estar feliz ni de celebrar. Es momento de aspirar a una justicia legítima, profunda, y reparadora. Si los hechos que investiga el Ministerio Público resultan acreditados, corresponderá que la justicia actúe con todo el rigor que la ley contempla. Pero al mismo tiempo, debemos aspirar a una justicia que respete los principios que a mí me fueron pisoteados sin piedad, e incluso puestos en duda por quienes decían ser mis propios compañeros de ruta. Hablo de la presunción de inocencia, ese sagrado manto que a mí me arrancaron sin piedad y que hoy, aun con el alma herida, me niego a arrebatarle a nadie. Porque la verdadera justicia no se regodea en la caída del otro, sino que construye desde la verdad y la dignidad. Y de ambas cosas, todavía estamos en deuda.

 

PD: Para los que ignoran o dicen ignorar, para los desinformados y para los malintencionados, nunca  tuve una medida cautelar de prisión preventiva, solo arraigo y firma mensual durante la investigación, adjunto las referencias de los fallos judiciales donde fui absuelto de todas las falsas acusaciones y declarado inocente:

Fallo 96-2019 del 5° Tribunal Oral en lo Penal,

Fallo 273-2019 del 1° Tribunal Oral en lo Penal, ambos de Santiago, y el

Fallo penal N°3.914-2022 de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Christian Vittori Muñoz

Cuando se dice que la investigación científica no sirve porque sus resultados terminan en una biblioteca, vale la pena detenerse en esa afirmación con calma. Las bibliotecas han sido, a lo largo de toda la historia de la humanidad, el lugar donde el saber se preserva para que otros puedan construir sobre él. La Biblioteca Nacional de Chile, fundada en 1813, antes incluso de nuestra Independencia formal, nació con esa convicción: que el acceso al conocimiento es una condición de la ciudadanía.

A través de redes de bibliotecas obreras y populares, miles de trabajadores y trabajadoras chilenos aprendieron durante el siglo XX a leer no solo palabras, sino también el mundo. Despreciar ese legado no es una posición técnica; es un extravío histórico.

 

La evidencia disponible es clara respecto al valor económico de la ciencia. Un estudio publicado en Research Policy determinó que el 73% de los artículos citados en patentes industriales estadounidenses provienen de investigación financiada con fondos públicos (Narin, Hamilton y Olivastro, 1997).

 

No hay innovación privada sin ciencia previa que la sustente. Múltiples estudios de la OCDE han documentado que la inversión pública en investigación y desarrollo genera retornos económicos significativos a largo plazo, a través de mejoras en productividad y apertura de nuevos mercados. El informe Science and the Economy de la Royal Society (2024) precisa, además, que los métodos tradicionales de medición apenas capturan una fracción del valor real generado por el sistema científico.

 

Pero el conocimiento vale también -y enormemente- más allá de lo productivo. El Premio Nobel de Economía Amartya Sen demostró que las sociedades con mayor capital intelectual y libertades cognitivas exhiben indicadores de desarrollo humano superiores, con independencia del PIB per cápita (Sen, 1999). La investigación en humanidades, ciencias sociales y artes contribuye a la cohesión democrática, al fortalecimiento de identidades culturales y a la construcción de políticas públicas más justas. Investigaciones universitarias sobre contaminación del aire, resistencia a antibióticos o salud mental han permitido al Estado chileno actuar antes de que los problemas se vuelvan irreversibles. El retorno de esa ciencia no se mide en empleos directos, sino en calidad de vida y años ganados.

Las universidades son también espacios de comunidad y formación ciudadana. Un metaanálisis publicado en Review of Educational Research, que revisó 71 estudios a lo largo de 48 años, concluyó que las habilidades de pensamiento crítico mejoran sustancialmente durante la experiencia universitaria (Huber y Kuncel, 2016). El Foro Económico Mundial identificó el pensamiento analítico como la competencia más valorada por las empresas a nivel global en su Future of Jobs Report 2023 (World Economic Forum, 2023). Esa capacidad de examinar evidencia, cuestionar supuestos y llegar a conclusiones propias no es un lujo académico: es lo que permite que una sociedad se gobierne con autonomía y resista la desinformación.

 

Los países que han sostenido su inversión en ciencia y educación superior -Corea del Sur, Finlandia, Irlanda- han transformado su posición en el mundo no a través de la lógica del beneficio inmediato, sino de la confianza en el valor del saber acumulado. Los que han recortado han pagado ese costo generaciones después, en dependencia tecnológica y menor capacidad de respuesta ante los desafíos del siglo.

 

Chile tiene esa misma posibilidad de elegir. Las universidades públicas tenemos la responsabilidad de sostener ese argumento con evidencia, con rigor y con la convicción de que el conocimiento -incluso aquel que descansa en un libro en una biblioteca- es siempre el punto de partida de algo más grande.

Marisol Durán, rectora de la UTEM

Mientras asistía, ya hacia varias décadas, a seminarios gremiales, participando en una de las tantas comisiones que se formaban, un colega, después de escuchar a representantes de funcionarios de una municipalidad de muy al sur de nuestro país denunciado el abuso de poder del alcalde, dijo: “Parecen reyes”. Solicité la palabra e intervine para decir que difería del colega, yo estimaba que “Parecen Faraones”.  Causó mucha risa y el moderador me solicitó que me explicara.

 

Mencioné que solo había que remitirse a nuestra norma que nos rige, El Estatuto Administrativo para funcionarios municipales que, entre muchos aspectos, regula los sumarios administrativos, ese instrumento que permite al alcalde instruir una investigación y sancionar infracciones administrativa, pudiendo aplicar la medida de destitución.

 

Para hacerlo simple:

 

Estatuto Administrativo.

 

a) 126.- El alcalde ordena instruir un sumario administrativo.

b) 127.- El alcalde nombra al Fiscal.

c) 138.- El alcalde aplica la medida disciplinaria.

d) 139.- Al alcalde se le presenta el recurso de reposición

 

140. e) 140.- El alcalde finalmente sanciona

 

El debido proceso (rango constitucional) está destinado a asegurar un proceso racional y justo. Una de las garantías procesales más importantes que se deben respetar es el derecho de impugnar las resoluciones desfavorables ante el superior jerárquico de quien resolvió.

 

No existe disposición legal que indique cual es el Superior Jerárquico del alcalde para ejercer el derecho de impugnar las resoluciones desfavorables que afecten a un funcionario/a municipal y se dé cumplimiento al debido proceso en el tribunal administrativo.

 

Se podría pensar que, para un funcionario destituido post sumario administrativo, resuelto por quien es juez y parte en el proceso, tiene la posibilidad de recurrir a la Contraloría General de la República. Diferentes dictámenes del órgano contralor señalan que: …esta Entidad Fiscalizadora no puede efectuar consideraciones relativas al mérito probatorio de ciertos elementos de convicción, pues ello debe ser apreciado por quien sustancia el proceso disciplinario y por la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria, y no por este Órgano de Control.

 

Además, el órgano contralor está impedido de pronunciarse, a no ser por irregularidades en el procedimiento, en razón a lo que indica la ley N° 19.880, Art. 59, inciso 4° (Ley que establece los procedimientos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado).

 

Art. 49

“No procederá recurso jerárquico contra los actos del presidente de la República, de los ministros de estado, de los alcaldes y los jefes superior de los servicios públicos descentralizados. En estos casos, el recurso de reposición agotará la vía administrativa.

 

Fui conocedor de muchos sumarios cuya intencionalidad fue destituir al funcionario, independiente si los hechos ameritaban tal medida o si existían elementos probatorios de haber cometido irregularidades para aplicar la máxima sanción.

 

Se puede decir que la alternativa es recurrir a los tribunales de justicia, lo que es efectivo, y muchos funcionarios han revertido la decisión de la autoridad municipal llegando a la corte suprema en la cual se ha comprobado que sólo se trataba de una medida de persecución política o sencillamente generar cupos en la planta para el ingreso de los que llegan con cada autoridad, En estos casos la municipalidad ha tenido que reintegrar al funcionario/a y pagar las remuneraciones correspondiente al período que estuvo despedido.

 

El problema de esta solución tiene que ver con los recursos económicos que se requiere y que desgraciadamente no todos pueden solventar. Si tomamos en consideración los ingresos de un funcionario municipal perteneciente a las plantas de auxiliar, administrativo y técnico cuyo promedio de ingreso se aproxima a ochocientos mil pesos, resulta muy difícil que se pueda solventar un juicio que se vea en la corte de apelaciones y termine en la corte suprema ya que se requeriría muchos millones de pesos, que muy pocos pueden solventar. De esta forma, la limitación económica para poder defenderse de decisiones arbitrarias de quienes no están sujetos a un recurso superior en tribunal administrativo como los alcaldes, los hace omnipotentes; deciden instruir sumario; nombran al fiscal, fijan la sanción, hay que apelar a ellos y finalmente resuelven una destitución; parecido a un faraón.

 

En décadas, fui testigo de varios despidos a compañeros de trabajo por faltas que, si las hubiese cometido los funcionarios que llegan con la autoridad cada cuatro años para “arreglar todo”, solo sería motivo de una sonrisa del parecido a un faraón.

 

Ante el abuso de poder por parte del todopoderoso recaído en funcionarios/as de bajos recursos, no tiene valor la mejor de las defensas o la inocencia, ya que impera la intención del “faraón de turno”, situación que se contrapone con lo que debería imperar en los municipios; lo justo.

 

Pedro Alexi Aguirre Moya