La salud pública es un área que ha estado latente en la mente de los chilenos producto de políticas públicas que, en la actualidad, aún no logran resolver problemáticas relacionadas con listas de espera para intervenciones quirúrgicas y atenciones con médicos especialistas.

Tras observar un incierto futuro para las comunidades es que en el año 2017, Margarita Olivares en compañía de sus hijas fundaron Comunidad Vida Digna, organización que fomenta el derecho a una atención de salud digna e igualitaria para usuarios y usuarias.

La organización funciona en la comuna de La Florida, donde mediante un comodato el municipio les permitió restaurar un terreno abandonado municipal, con el objetivo de facilitar servicios de tratamientos terapéuticos a usuarios con Trastorno del Espectro Autista y personas mayores  que no logran tener una atención oportuna en el sistema tradicional.

De acuerdo con cifras de la organización, semanalmente son más de 400 personas las que se acercan para recibir cuidados de infanto-juvenil, centro de día, atenciones clínicas y domiciliarias, quienes provienen en mayor medida desde las comunas de Puente Alto, La Granja, Peñalolén, La Pintana, San Miguel, San Ramón y San Joaquín, sin embargo, existe una limitante de infraestructura que no permite ampliar el número de beneficiarios.

Junto con lo anterior, en Los Bambúes 5993 -A pasos del metro Macul- también está activo un comedor comunitario que funciona con autogestión y donaciones para entregar alimento a 50 adultos mayores del sector.

“Es importante apoyar iniciativas como Comunidad Vida Digna, ya que existe una gran demanda desde las comunidades por falta de atenciones integrales, que cubran las necesidades y donde el Estado no ha sido capaz de propiciar los recursos necesarios para ello” señaló Margarita Olivares.

Además, añadió que Comunidad Vida Digna se ha encargado sin ayuda estatal de generar estos espacios comunitarios, donde profesionales trabajan día a día para cumplir con esta necesidad que debería estar cubierta para todos y todas, así mismo, realizan una colaboración al estado, disminuyendo listas de espera en Cesfam y hospitales.

En este sentido, la operación de la organización la llevan a cabo 26 profesionales titulares que reciben remuneraciones y un equipo de 20 voluntarios, quienes diariamente focalizan sus esfuerzos en servicios de Kinesiología, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Nutrición, Trabajo Social, Enfermería, Psicología, visitas domiciliarias a adultos mayores postrados y en su última etapa de vida.

En lo que respecta al futuro del centro comunitario, Olivares precisó que los planes son continuar creciendo puesto que existe una alta demanda de atenciones del área infanto-juvenil y persona mayor, sobre todo por la gran tasa de prevalencia en Condición del Espectro Autista (CEA). Actualmente, la organización tiene listas de espera para atenciones y para poder abordar más casos es necesario contar con más salas terapéuticas, donde existan los implementos necesarios para poder tener una terapia digna y completa.

“Es un sueño contar con un segundo piso para realizar estas atenciones y que nuestra comunidad cada vez vaya creciendo, sin dejar de lado el centro de día. Una expansión nos permitirá generar nuevos entornos de convivencia, talleres terapéuticos para trabajar autonomía y disponer de nuevos lugares para descanso o entretención en compañía, debido a que el mayor problema de los adultos mayores es la soledad” comentó.

Para continuar con esta iniciativa, la ONG se encuentra recaudando aportes de dinero a través de https://www.ongvidadigna.cl/aportes. Las donaciones de alimentación o infraestructura se pueden realizar a través del correo electrónico administracion@ongvidadigna.cl.

Es preocupante que las Pymes no hayan sido consideradas en los espacios importantes dentro de los diálogos tributarios organizados por el Ministerio de Hacienda, y que hayan tenido que recurrir al Senado. En cierto modo, sin ellas no se puede avanzar y es relevante que su visión sea parte de la discusión desde un inicio.

Desde el empresariado se ha insistido que la reforma tributaria debe ser procrecimiento y proinversión, visión que compartimos. Pero la pregunta que cabe hacerse es cómo bajar estos conceptos en medidas específicas para potenciar el emprendimiento.

Lo anterior cobra relevancia, por ejemplo, al ver las cifras de desempleo, que van al alza con un 8.4%. En Chile, el sector Mipyme en su conjunto representa a más del 65% de los puestos de trabajo, según cifras del año 2021 del Ministerio de Economía.

En esta línea, si queremos potenciar nuevos negocios, la reforma debería avanzar hacia la simplificación del sistema, puesto que la contratación de contadores o abogados tributarios para interpretar las nuevas normas, es un costo que no todos los emprendedores pueden cargar.

Asimismo, se ha hablado de combatir la informalidad. Para ello, lo primero es entender que este fenómeno creció con la pandemia como una respuesta a las necesidades, entonces, más que la mera fiscalización, se deben generar medidas de acompañamiento, no sólo desde el Estado, sino también desde las organizaciones que apoyamos a las MiPymes.

Porque el tema de fondo es poder construir un verdadero pacto tributario, que tenga una visión a largo plazo y donde estén representados todos los sectores. El país necesita estabilidad, y para ello se requiere una reforma de consenso, que trace un horizonte de, al menos, 10 años.

Horacio Pavez

Presidente de ChileConverge

A casi dos años de la elección de los gobernadores regionales, hemos podido constatar interesantes ejemplos de gestión y liderazgo. Es el caso de los gobernadores Rodrigo Díaz y Luciano Rivas, en Biobío y La Araucanía respectivamente, quienes han demostrado capacidad para convocar y movilizar a las distintas autoridades en escenarios de gran convulsión por hechos violentos. También el caso del gobernador Claudio Orrego, con la dificultad que supone dirigir una región como la Metropolitana; o el gobernador Patricio Vallespín, en Los Lagos, al invitar a conversar a distintos actores para identificar brechas, desafíos y compromisos en materia ambiental.

No obstante, en veredas opuestas encontramos casos donde el propio consejo regional cuestiona a su máxima autoridad por déficits de gestión y no son casos aislados. Si aplicamos la regla de ejecución, comparando el presupuesto inicial aprobado para los gobiernos regionales en 2022 con su ejecución final real, esta no habría superado el 85%, afectando con ello la capacidad de crecimiento y creación de empleos.

Cabe entonces concordar que la elección de los gobernadores es solo un eslabón de una compleja cadena de instituciones y decisiones que como país debemos construir. En tal sentido, uno de los desafíos más importantes sigue siendo la formación, atracción y retención de capital humano calificado en regiones.

Desde las universidades, es una tarea que debemos abordar con decisión, no solo asegurando la excelencia académica, sino que imprimiendo sólidos valores y estimulando el compromiso de los jóvenes con sus comunidades. Programas y proyectos destinados a involucrar tempranamente a estudiantes e investigadores en asuntos de interés público marcarán una contribución sustantiva para el desarrollo regional.

Pero se hace complejo atraer y retener capital humano calificado si no existen incentivos adecuados a la inversión, con procedimientos expeditos para iniciar nuevos negocios y estímulos tributarios transitorios. Por eso, el rol del Estado, en sus distintos niveles, debe ser entendido como un catalizador que promueva el pleno desarrollo de la actividad privada distribuyendo sus recursos de manera equitativa en el territorio. Por su lado, el sector privado debe contribuir en la generación de bienes públicos y el desarrollo sostenible de la industria de la mano de las comunidades.

Finalmente, un proceso de descentralización efectivo necesita de altos niveles de coordinación entre las instituciones del Estado: municipios, gobiernos regionales, ministerios y servicios públicos. Esto requiere un diseño orgánico de competencias y facultades bien definido y el compromiso político de las distintas autoridades de avanzar en un actuar complementario y no competitivo, articulado y no desconectado, motivados por el sentido de urgencia y la responsabilidad que exige administrar los recursos de todos los chilenos.

María Paz Troncoso Pulgar

Centro de Políticas Públicas

Facultad de Economía y Gobierno

Universidad San Sebastián

Ex Subsecretaria de Desarrollo Regional