Es preocupante que las Pymes no hayan sido consideradas en los espacios importantes dentro de los diálogos tributarios organizados por el Ministerio de Hacienda, y que hayan tenido que recurrir al Senado. En cierto modo, sin ellas no se puede avanzar y es relevante que su visión sea parte de la discusión desde un inicio.

Desde el empresariado se ha insistido que la reforma tributaria debe ser procrecimiento y proinversión, visión que compartimos. Pero la pregunta que cabe hacerse es cómo bajar estos conceptos en medidas específicas para potenciar el emprendimiento.

Lo anterior cobra relevancia, por ejemplo, al ver las cifras de desempleo, que van al alza con un 8.4%. En Chile, el sector Mipyme en su conjunto representa a más del 65% de los puestos de trabajo, según cifras del año 2021 del Ministerio de Economía.

En esta línea, si queremos potenciar nuevos negocios, la reforma debería avanzar hacia la simplificación del sistema, puesto que la contratación de contadores o abogados tributarios para interpretar las nuevas normas, es un costo que no todos los emprendedores pueden cargar.

Asimismo, se ha hablado de combatir la informalidad. Para ello, lo primero es entender que este fenómeno creció con la pandemia como una respuesta a las necesidades, entonces, más que la mera fiscalización, se deben generar medidas de acompañamiento, no sólo desde el Estado, sino también desde las organizaciones que apoyamos a las MiPymes.

Porque el tema de fondo es poder construir un verdadero pacto tributario, que tenga una visión a largo plazo y donde estén representados todos los sectores. El país necesita estabilidad, y para ello se requiere una reforma de consenso, que trace un horizonte de, al menos, 10 años.

Horacio Pavez

Presidente de ChileConverge

A casi dos años de la elección de los gobernadores regionales, hemos podido constatar interesantes ejemplos de gestión y liderazgo. Es el caso de los gobernadores Rodrigo Díaz y Luciano Rivas, en Biobío y La Araucanía respectivamente, quienes han demostrado capacidad para convocar y movilizar a las distintas autoridades en escenarios de gran convulsión por hechos violentos. También el caso del gobernador Claudio Orrego, con la dificultad que supone dirigir una región como la Metropolitana; o el gobernador Patricio Vallespín, en Los Lagos, al invitar a conversar a distintos actores para identificar brechas, desafíos y compromisos en materia ambiental.

No obstante, en veredas opuestas encontramos casos donde el propio consejo regional cuestiona a su máxima autoridad por déficits de gestión y no son casos aislados. Si aplicamos la regla de ejecución, comparando el presupuesto inicial aprobado para los gobiernos regionales en 2022 con su ejecución final real, esta no habría superado el 85%, afectando con ello la capacidad de crecimiento y creación de empleos.

Cabe entonces concordar que la elección de los gobernadores es solo un eslabón de una compleja cadena de instituciones y decisiones que como país debemos construir. En tal sentido, uno de los desafíos más importantes sigue siendo la formación, atracción y retención de capital humano calificado en regiones.

Desde las universidades, es una tarea que debemos abordar con decisión, no solo asegurando la excelencia académica, sino que imprimiendo sólidos valores y estimulando el compromiso de los jóvenes con sus comunidades. Programas y proyectos destinados a involucrar tempranamente a estudiantes e investigadores en asuntos de interés público marcarán una contribución sustantiva para el desarrollo regional.

Pero se hace complejo atraer y retener capital humano calificado si no existen incentivos adecuados a la inversión, con procedimientos expeditos para iniciar nuevos negocios y estímulos tributarios transitorios. Por eso, el rol del Estado, en sus distintos niveles, debe ser entendido como un catalizador que promueva el pleno desarrollo de la actividad privada distribuyendo sus recursos de manera equitativa en el territorio. Por su lado, el sector privado debe contribuir en la generación de bienes públicos y el desarrollo sostenible de la industria de la mano de las comunidades.

Finalmente, un proceso de descentralización efectivo necesita de altos niveles de coordinación entre las instituciones del Estado: municipios, gobiernos regionales, ministerios y servicios públicos. Esto requiere un diseño orgánico de competencias y facultades bien definido y el compromiso político de las distintas autoridades de avanzar en un actuar complementario y no competitivo, articulado y no desconectado, motivados por el sentido de urgencia y la responsabilidad que exige administrar los recursos de todos los chilenos.

María Paz Troncoso Pulgar

Centro de Políticas Públicas

Facultad de Economía y Gobierno

Universidad San Sebastián

Ex Subsecretaria de Desarrollo Regional

Hace unos días, la Ministra de Medioambiente Maisa Rojas, declaró que la biodiversidad será la prioridad ambiental 2023, considerando como desafío principal; “transversalizar y relevar la importancia de la biodiversidad”. Esta tarea que en palabras más simples se refiere a conservar la variedad de seres vivos en nuestro planeta, viene impulsada entre otras razones por el histórico acuerdo logrado en la COP15 sobre Diversidad Biológica, donde 188 gobiernos consensuaron proteger el 30% del planeta y el 30% de los ecosistemas degradados para 2030.

La naturaleza es clave en nuestra subsistencia como sociedad, de hecho, según datos del Banco Mundial, más del 50 % del PIB a nivel planetario -44 billones de dólares-, depende de los servicios que la naturaleza nos brinda.

En esta innegable interdependencia entre naturaleza y humanidad, el desafío es de tal magnitud, que aún cuando se trabaja a nivel mundial, estatal, no gubernamental y privado; proteger el 30% de la biodiversidad de aquí a 2030 se ve como una meta casi imposible, donde el aporte de cada persona es esencial. En ese espíritu, los meses de verano, donde la mayoría salimos de vacaciones y vamos a descansar a otros lugares, la invitación es que seamos turistas conscientes y respetuosos, sobre todo en aquellos lugares donde no conocemos la diversidad de flora y fauna del espacio y por lo mismo se hace más difícil cuidarla.

Hay diferentes maneras de proteger nuestro patrimonio natural y una de ellas por ejemplo  es teniendo precaución al manejar. En Chile, más de 1.500 especies nativas al año son atropelladas, según cifras de la plataforma digital Fauna Impactada. Y en específico, en 2022, sólo en la Isla grande de Chiloé, se registraron más de 100 atropellos de pudúes, una especie carismática y única en el mundo, sólo presente en Chile y Argentina. Parte de las líneas de trabajo de Fundación Lepe, desde la evolución de nuestro propósito hacia un desarrollo regenerativo comunitario; son el Turismo Responsable y Sustentable; y el Patrimonio, tanto natural como cultural, en ese marco, a fines del año pasado, vimos la oportunidad de aportar en la conservación del pudú en Chiloé y nos sumamos a una campaña de prevención de atropellos, que precisamente se inició a principios de enero, con la instalación de 24 señaléticas en diversos puntos de la Ruta 5 sur en la isla. Iniciativa que también contempla la educación vial junto a Carabineros, por más de un mes.

Campañas como ésta, donde Fundación Lepe trabaja en colaboración con otras organizaciones de la zona, no sólo buscan concientizar y comprometerse con el entorno natural del que dependemos como humanidad, también instala la necesidad de hacernos responsables de los destinos que visitamos, dejando una huella o impacto positivo, a través de un turismo responsable y sustentable, que priorice la mantención de la identidad del lugar, su desarrollo sostenible y la economía local.

Columna de Opinión

Verónica Morales Ibáñez

Directora Ejecutiva Fundación Lepe