A casi dos años de la elección de los gobernadores regionales, hemos podido constatar interesantes ejemplos de gestión y liderazgo. Es el caso de los gobernadores Rodrigo Díaz y Luciano Rivas, en Biobío y La Araucanía respectivamente, quienes han demostrado capacidad para convocar y movilizar a las distintas autoridades en escenarios de gran convulsión por hechos violentos. También el caso del gobernador Claudio Orrego, con la dificultad que supone dirigir una región como la Metropolitana; o el gobernador Patricio Vallespín, en Los Lagos, al invitar a conversar a distintos actores para identificar brechas, desafíos y compromisos en materia ambiental.

No obstante, en veredas opuestas encontramos casos donde el propio consejo regional cuestiona a su máxima autoridad por déficits de gestión y no son casos aislados. Si aplicamos la regla de ejecución, comparando el presupuesto inicial aprobado para los gobiernos regionales en 2022 con su ejecución final real, esta no habría superado el 85%, afectando con ello la capacidad de crecimiento y creación de empleos.

Cabe entonces concordar que la elección de los gobernadores es solo un eslabón de una compleja cadena de instituciones y decisiones que como país debemos construir. En tal sentido, uno de los desafíos más importantes sigue siendo la formación, atracción y retención de capital humano calificado en regiones.

Desde las universidades, es una tarea que debemos abordar con decisión, no solo asegurando la excelencia académica, sino que imprimiendo sólidos valores y estimulando el compromiso de los jóvenes con sus comunidades. Programas y proyectos destinados a involucrar tempranamente a estudiantes e investigadores en asuntos de interés público marcarán una contribución sustantiva para el desarrollo regional.

Pero se hace complejo atraer y retener capital humano calificado si no existen incentivos adecuados a la inversión, con procedimientos expeditos para iniciar nuevos negocios y estímulos tributarios transitorios. Por eso, el rol del Estado, en sus distintos niveles, debe ser entendido como un catalizador que promueva el pleno desarrollo de la actividad privada distribuyendo sus recursos de manera equitativa en el territorio. Por su lado, el sector privado debe contribuir en la generación de bienes públicos y el desarrollo sostenible de la industria de la mano de las comunidades.

Finalmente, un proceso de descentralización efectivo necesita de altos niveles de coordinación entre las instituciones del Estado: municipios, gobiernos regionales, ministerios y servicios públicos. Esto requiere un diseño orgánico de competencias y facultades bien definido y el compromiso político de las distintas autoridades de avanzar en un actuar complementario y no competitivo, articulado y no desconectado, motivados por el sentido de urgencia y la responsabilidad que exige administrar los recursos de todos los chilenos.

María Paz Troncoso Pulgar

Centro de Políticas Públicas

Facultad de Economía y Gobierno

Universidad San Sebastián

Ex Subsecretaria de Desarrollo Regional

Hace unos días, la Ministra de Medioambiente Maisa Rojas, declaró que la biodiversidad será la prioridad ambiental 2023, considerando como desafío principal; “transversalizar y relevar la importancia de la biodiversidad”. Esta tarea que en palabras más simples se refiere a conservar la variedad de seres vivos en nuestro planeta, viene impulsada entre otras razones por el histórico acuerdo logrado en la COP15 sobre Diversidad Biológica, donde 188 gobiernos consensuaron proteger el 30% del planeta y el 30% de los ecosistemas degradados para 2030.

La naturaleza es clave en nuestra subsistencia como sociedad, de hecho, según datos del Banco Mundial, más del 50 % del PIB a nivel planetario -44 billones de dólares-, depende de los servicios que la naturaleza nos brinda.

En esta innegable interdependencia entre naturaleza y humanidad, el desafío es de tal magnitud, que aún cuando se trabaja a nivel mundial, estatal, no gubernamental y privado; proteger el 30% de la biodiversidad de aquí a 2030 se ve como una meta casi imposible, donde el aporte de cada persona es esencial. En ese espíritu, los meses de verano, donde la mayoría salimos de vacaciones y vamos a descansar a otros lugares, la invitación es que seamos turistas conscientes y respetuosos, sobre todo en aquellos lugares donde no conocemos la diversidad de flora y fauna del espacio y por lo mismo se hace más difícil cuidarla.

Hay diferentes maneras de proteger nuestro patrimonio natural y una de ellas por ejemplo  es teniendo precaución al manejar. En Chile, más de 1.500 especies nativas al año son atropelladas, según cifras de la plataforma digital Fauna Impactada. Y en específico, en 2022, sólo en la Isla grande de Chiloé, se registraron más de 100 atropellos de pudúes, una especie carismática y única en el mundo, sólo presente en Chile y Argentina. Parte de las líneas de trabajo de Fundación Lepe, desde la evolución de nuestro propósito hacia un desarrollo regenerativo comunitario; son el Turismo Responsable y Sustentable; y el Patrimonio, tanto natural como cultural, en ese marco, a fines del año pasado, vimos la oportunidad de aportar en la conservación del pudú en Chiloé y nos sumamos a una campaña de prevención de atropellos, que precisamente se inició a principios de enero, con la instalación de 24 señaléticas en diversos puntos de la Ruta 5 sur en la isla. Iniciativa que también contempla la educación vial junto a Carabineros, por más de un mes.

Campañas como ésta, donde Fundación Lepe trabaja en colaboración con otras organizaciones de la zona, no sólo buscan concientizar y comprometerse con el entorno natural del que dependemos como humanidad, también instala la necesidad de hacernos responsables de los destinos que visitamos, dejando una huella o impacto positivo, a través de un turismo responsable y sustentable, que priorice la mantención de la identidad del lugar, su desarrollo sostenible y la economía local.

Columna de Opinión

Verónica Morales Ibáñez

Directora Ejecutiva Fundación Lepe

Octavo año Ley 20.720. Más de 38 mil Procedimientos Concursales se han registrado a nivel país con la normativa en este periodo 

A ocho años de entrada en vigencia de la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, N.º 20.720, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) da a conocer las estadísticas de los Procedimientos Concursales. 

Datos suministrados por la Superintendencia dan cuenta que, entre octubre de 2014 y el 31 de septiembre de 2022, se han realizado más de 192 mil atenciones ciudadanas y se han iniciado más de 38 mil procedimientos a nivel país. En total se registran 6.768 (18%) Renegociaciones de Personas Deudores y 31.635 (82%) procedimientos judiciales. Estos últimos corresponden a 22.159 a Liquidaciones de Bienes de Personas Deudoras, 357 Reorganizaciones de Empresas Deudoras y a 9.119 a Liquidaciones de Empresas. 

Personas Sobreendeudadas 

Respecto a las 6.768 Renegociaciones, el 44% corresponde a RM y el 56% a las otras regiones, lográndose los procesos en un tiempo promedio de tramitación de 73 días hábiles, con un porcentaje de acuerdo por sobre el 92% de los casos. 

En la misma línea, el 55% de los Procedimientos de Renegociación corresponden a hombres, mientras que 45% a mujeres. Seguido de la Región Metropolitana (2.762), se observa que la región de Valparaíso es la que concentra la mayor cantidad de procedimientos (554), seguido de O´Higgins (474) y Tarapacá (399). 

La deuda promedio que tienen estas personas, considerando las 16 regiones, es de $ 35,8 millones. Y la mayor concentración se da en el tramo etario que fluctúa entre los 30 a 44 años (55%).  

En el detalle, quienes pidieron esta herramienta, el 73% eran trabajadores dependientes, 11% jubilados y 7% trabajadores independientes. Además, cerca del 45 por ciento recibía un ingreso líquido mensual inferior a los $500 mil pesos.  

La renegociación implica una serie de ventajas para el deudor y sus acreedores, porque se pacta un nuevo calendario de pago, que le permite al deudor cumplir con sus acreedores de acuerdo a sus reales capacidades económicas. La institución señala que es importante estar informado y actuar oportunamente, ya que más de 6 mil personas han renegociado evitando el eventual embargo de sus bienes.  

Referente a la Liquidación de Bienes, de las 22.159 solicitudes, 14.084 (64%) fueron iniciados por hombres y 8.075 (36%) por mujeres. Siendo la tramitación promedio de este grupo 495 días judiciales.  

Además, se identificó que a nivel país, las regiones con mayor número de Liquidaciones, en los últimos ocho años son la Región Metropolitana 9.852; Biobío con 2.763; Valparaíso 1.603 y en Maule con 1.134 procedimientos.  

Por otro lado, el 55% de las personas a nivel país que se han acogido a este trámite, tenían entre 30 y 44 años al momento de iniciar el procedimiento. Y del total del universo, el 48% declaró estar soltero. En tanto, según su situación laboral el 75% corresponde a trabajadores dependientes.  

Empresas Deudoras 

En cuanto a las empresas, según las estadísticas de la Superintendencia, desde el 9 de octubre de 2014 se han acogido a tramitación 357 solicitudes de Reorganizaciones, correspondiendo principalmente al rubro económico de Comercio al por Mayor y Menor con un 24% (85), seguido de Construcción con un 17% (61) e Industria Manufacturera no metálicas con un 15% (53). 

Tomando en cuenta el tamaño de las empresas, los porcentajes señalan que el 60% son Grandes Empresas, un 23% Medianas, un 11% Pequeñas y 6% Microempresas.  

Por su parte, el Procedimiento Concursal de Liquidación de Empresas Deudoras, presenta a la fecha 9.119 solicitudes iniciadas, concentrándose el 51% (4.639) en la Región Metropolitana y el 49% (4.480) en el resto del país. Siendo la tramitación promedio de este grupo 551 días judiciales.  

Del indicador general se expresa que el 44% corresponde a Pequeñas Empresas, 22,7% a Microempresas, un 20,6% a Medianas y 12,7% son Grandes Empresas. Y que las sujetas a liquidación de activos pertenecen, esencialmente, a Otras Actividades de Servicios con un 18% (1.641); Comercio al por Mayor y Menor con un 17% (1.514); seguido de Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas con un 13% (1.210).  

Finalmente, la institución indicó que estima que durante 2023 habrá cambios en la normativa, ya que el Gobierno decidió poner suma urgencia a la iniciativa de la modernización de la Ley 20.720 que permitirá la creación de procedimientos simplificados de Liquidación y Reorganización para Mipes y la eliminación del requisito que impedía a las personas que emiten boletas de honorarios acceder a la Renegociación. 

Daniela Sepúlveda Espinosa

dsepulveda@superir.gob.cl