Incremento de gastos en sistemas de vigilancia, robos de herramientas, equipos y materiales, son algunos de los problemas a los que se enfrentan las constructoras y que hacen que aumenten sus costos, según una investigación realizada por el académico de la UTalca, Armando Durán Bustamante.

El aumento de la delincuencia en nuestro país afecta a todos los sectores sociales y económicos, entre ellos está el de la construcción, donde este fenómeno está impactando con fuerza. Así lo observó el académico de la Universidad de Talca, Armando Durán Bustamante, quien realizó una investigación en un ámbito que no se había estudiado, y, que permite comprender y precisar cómo afecta esta problemática a los costos en los diferentes proyectos inmobiliarios.

En el estudio se pudo establecer –entre otras cosas- que, “el impacto de la delincuencia en los costos de construcción de proyectos inmobiliarios podría encarecerlos hasta en un 14%”.

Este valor asociado, explicó el académico de la UTalca, golpea a proyectos de densificación como los edificios, pero por sobre todo encarece los proyectos inmobiliarios de extensión, que se emplazan en varias hectáreas y donde se crean las condiciones ideales para el robo de maquinarias, equipos y materiales de construcción.

“Las empresas constructoras han tenido que hacer cambios profundos en las instalaciones de faenas, planificación de las obras, y especialmente en las etapas de terminaciones. En el estudio, pudimos determinar que, las constructoras entrevistadas han tenido que incorporar más de 20 acciones, que antes no se contemplaban”, detalló el profesor.

La investigación determinó que estos cambios, que se repiten en las diferentes obras en construcción, van desde el retiro e instalación de cálefont y griferías, reforzamiento de talleres y accesos, aumento de luminarias y mejora en cercos perimetrales, casetas de guardias, instalación de bodegas reforzadas, aumento en el personal de control de materiales en obras, contratación de empresas externas para el monitoreo con cámaras de vigilancia y hasta el arriendo bodegas especiales de resguardo de materiales y equipos de alto valor, entre otras.

Las empresas que participaron del estudio y que fueron entrevistadas, están desarrollando proyectos inmobiliarios entre Antofagasta y Puerto Montt. “Está el caso de una constructora en la región del Maule que durante ocho meses de obra ya registra más de 100 millones de pesos de pérdidas por robos. Sin duda, hay elementos y datos que arroja el estudio, que nos pueden hacer pensar que son producto del crimen organizado”, manifestó el especialista.

La idea de una organización delictual que se beneficia con estos robos surge de la forma en que se realizan y los datos que manejan los asaltantes. “En la Macrozona Norte, por ejemplo, hay constructoras que deben contemplar cambios de ruta y vehículos a la hora de transportar maquinarias y aun así siguen sufriendo asaltos”, agregó Durán.

Este fenómeno redundaría, además, en la disminución de proyectos realizados. “Las cifras de permisos de edificación divulgadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), indican que en julio de 2024 se aprobaron solo 2.966 viviendas nuevas en el país, lo que representa una caída del 76,7% anual. A su vez, la caracterización por región, da cuenta de cómo la delincuencia influye en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y en un rubro de inversión, donde este tema es un factor fundamental en la toma de decisiones, trae como consecuencia menor construcción de proyectos privados de viviendas en Chile”.

El especialista subrayó que inevitablemente este aumento del valor en la construcción termina siendo traspasado directamente a los compradores. “La mayoría de las empresas encuestadas señalaron que, según su registro, los costos asociados al tema de la protección por la delincuencia superan el 10 % de la obra y ese aumento lo pagará quien compre la vivienda”.

Restauración ecológica y movilización comunitaria: El proyecto “Consolidación del Sendero Ecológico Humedal Mapocho Urbano de Talagante” impulsado por la Fundación Frente de Río, busca revitalizar el ecosistema ribereño, promover la conciencia ambiental y formar líderes locales, a través de la reforestación con especies nativas y actividades comunitarias. Con el respaldo de Fundación Lepe y diversas organizaciones, se espera consolidar este espacio como un modelo de desarrollo sostenible y regeneración ecosocial.

En la ribera del río Mapocho, en Talagante, existe un espacio que antaño fue un vibrante punto de encuentro, donde la comunidad se bañaba y disfrutaba del entorno natural. Sin embargo, con los años, la acumulación de basura y prácticas inadecuadas han deteriorado este lugar, despojándolo de su vitalidad. Frente a esta realidad, un grupo de jóvenes visionarios ha decidido transformar este espacio degradado en un símbolo de regeneración ambiental y cohesión comunitaria. El proyecto ‘Consolidación del Sendero Ecológico Humedal Mapocho Urbano de Talagante como herramienta para el desarrollo de culturas regenerativas’, liderado por la organización Frente de Río y apoyado por el Fondo Común Regenerativo de Fundación Lepe, busca no solo restaurar la ribera talagantina del río Mapocho, sino también educar e involucrar a la comunidad en la protección de este ecosistema. La activa participación de vecinos y vecinas está creando una nueva relación con el entorno, enfocada en la sostenibilidad y el respeto hacia este valioso espacio natural.

Desde 2018, esta iniciativa ha buscado proteger y recuperar el patrimonio natural y cultural de la ribera, abordando desafíos ambientales tales como la contaminación, la ocupación ilegal del borde ribereño, la deforestación y contaminación de sus aguas. Mediante la reforestación con especies nativas y la limpieza de microbasurales, el proyecto ha logrado importantes avances en la restauración del ecosistema de la zona. En 2023, Frente de Río fue uno de los siete ganadores del Fondo Común Regenerativo, recibiendo apoyo financiero, técnico y comunicacional para seguir impulsando su trabajo hasta 2025.

“Este proyecto es más que un sendero; es un espacio para la regeneración ecosocial, donde los vecinos no solo se reconectan con la naturaleza, sino que también se convierten en agentes activos de su cuidado y protección”, explica Ulises Mayol, encargado del proyecto.

Utilizando el método de plantación Miyawaki, que permite una reforestación densa y acelerada en áreas pequeñas, se han establecido ya cinco nuevos núcleos de bosque nativo, cubriendo un área de aproximadamente 400 m². “Al utilizar el método Miyawaki, no sólo aceleramos el crecimiento de los árboles nativos, sino que también aseguramos que estos bosques se desarrollen de manera más resiliente y densa. Este enfoque es clave para crear espacios verdes que beneficien a la biodiversidad local, mejoren la calidad del aire y ofrezcan áreas recreativas para la comunidad. Cada árbol que plantamos es un paso hacia un futuro más sostenible para Talagante y sus alrededores” comenta Mayol.

El objetivo es plantar al menos 700 nuevos árboles durante este año, ampliando los núcleos de vegetación y fomentando la regeneración del ecosistema local. Especies nativas como Quillay, Barraco, Tara, Quebracho, Algarrobo y Matico están entre las seleccionadas para este esfuerzo.

Hasta la fecha, se han realizado nueve actividades comunitarias donde han participado más de 300 voluntarios, incluyendo reforestaciones, limpiezas de microbasurales y rutas ecopedagógicas. En el último semestre, estas iniciativas han involucrado a 42 nuevos monitores, que han sido capacitados por el equipo de Frende de Río para dar continuidad al proyecto y aumentar su impacto en el tiempo.

Josefina González, voluntaria del proyecto, explica que participar en esta iniciativa ha sido una experiencia muy enriquecedora porque “me ha permitido aprender sobre la organización y reforestación, conocimientos que quiero llevar a nuestra agrupación Cordillera Poniente en Padre Hurtado. Me inspira ver cómo personas de todas las edades, profesiones y nacionalidades se unen para cuidar el medio ambiente, pero, sobre todo, me llena de esperanza ver el entusiasmo de los jóvenes. Ver el crecimiento de los árboles y cómo cada vez más personas se suman para cuidar la ribera del río me da la certeza de que vamos por buen camino. A quienes dudan en involucrarse, les diría que es una experiencia maravillosa, una oportunidad de disfrutar la naturaleza, de escuchar a las aves y apreciar los paisajes. Esto no solo nos conecta con nuestro entorno, sino que también es un respiro que nos ayuda a enfrentar el agotamiento que vivimos hoy en día.”

“Desde Frente de Río, queremos consolidar este espacio como un lugar virtuoso, donde la comunidad pueda aprender, cuidar y compartir en armonía con el entorno”, añade Mayol. “El trabajo comunitario es esencial para el éxito de iniciativas como la regeneración del borde ribereño de Mapocho Talagante. Sin la participación activa de los habitantes, los esfuerzos por restaurar el ecosistema de la ribera no tendrían el mismo impacto. Crear conciencia ambiental va más allá de las acciones puntuales; es necesario fomentar un vínculo profundo entre las personas y su entorno. La participación de la comunidad no solo fortalece el sentido de pertenencia, sino que también transforma a cada habitante en un guardián de su propio territorio. Lo que no se conoce, no se cuida, y es por eso que involucrar a los vecinos, a través de actividades educativas y de reconexión con la naturaleza, es clave para garantizar la sostenibilidad de estos espacios. La protección del humedal no es solo un esfuerzo ecológico, sino un proceso de regeneración social donde la comunidad aprende a valorar y defender su patrimonio natural”.

Frente de Río también ha sumado la colaboración de instituciones como la Municipalidad de Talagante, ONGs socioambientales de la provincia, la Universidad Católica y varias escuelas locales, lo que refuerza el enfoque colaborativo del proyecto.

Con el apoyo de Fundación Lepe, y bajo el compromiso de fortalecer la relación entre la comunidad y el medio ambiente, la ribera del río Mapocho Talagante se perfila como un ejemplo de cómo la regeneración ecosocial puede ser el camino para hacer frente a la crisis climática y de biodiversidad actual.

Fotos de apoyo

Contacto de prensa: Evelyn Dixon | evelyn@fundacionlepe.cl | cel. 962092387

El operativo gestionado por la PDI en coordinación con ALTO,  terminó con dos personas detenidas, una de nacionalidad chilena  y otra, haitiana, quienes fueron formalizadas por el delito de receptación y se mantienen bajo medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, durante  los 60 días que durará la investigación.

Un operativo en la Vega Central coordinado  entre ALTO  y la PDI permitió recuperar  347 carros que habían sido robados de distintas cadenas de supermercados, cuya avalúo se estima en $22 millones de pesos aproximadamente.

El procedimiento culminó con dos personas detenidas, una de nacionalidad chilena y otra,  haitiana, quienes fueron formalizadas por el delito de receptación, quedando bajo las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, durante los primeros 60 días que el tribunal decretó para el desarrollo de la investigación.

El hurto y robo de carros es un delito que ha afectado significativamente a los supermercados en Chile durante los últimos años. En 2023 la PDI, en conjunto con ALTO ya habían desarrollado un operativo en La Vega Central donde se incautaron 197 carros de supermercado.

“Durante la última década, el robo o hurto de carros de supermercado en Chile ya era un problema existente. Sin embargo, a partir de 2022, tras la pandemia, hemos observado un crecimiento en las pérdidas de estos activos. Las pérdidas pueden resultar millonarias para las empresas si se consideran los volúmenes involucrados anualmente  y  por otra parte  este tipo de delito puede generar efectos no deseados  en la experiencia de compra de  los clientes de los supermercados.”, comenta Eduardo Hernandez, Gerente Legal de ALTO en Chile.

Pero ¿cuál es el negocio de los carros de supermercados? Según explica el profesional, “en este caso, hemos podido observar la existencia de una red que busca generar ingresos ilícitos a partir de la explotación de activos (carros de supermercados) obtenidos ilegalmente que se entregan  en arriendo. El modus operandi es el siguiente: luego de sustraer estos activos, los involucrados almacenan los carros en sus propias viviendas, lo que permite ocultarlos de un eventual procedimiento policial (de fiscalización) para luego, instalarse físicamente en alguno de los accesos a la Vega Central, con el propósito de captar clientes a quienes arriendan y exigen muchas veces una garantía para la utilización de  los carros robados, además de un pago entre $3 mil a $5 mil pesos”.

“Este tipo de actividades no sólo afecta gravemente a las empresas privadas (supermercados), sino que también representa una forma organizada de delito que requiere la ejecución de diversas etapas como la sustracción previa; almacenamiento de bienes robados; implementación de una cadena logística destinada a poner en circulación estos activos para darlos en arriendo, generando ingresos ilícitos que infringen diversos marcos regulatorios (ej: municipales; tributarios; penales). Por tanto, se vuelve necesario implementar medidas más estrictas de control y prevención”, agrega.

En relación con el operativo que logró la incautación de los carros, de los cuales el 79%  pertenecen a clientes de la red ALTO, su Gerente Legal destacó la importancia de que las empresas implementen medidas de seguridad para proteger sus activos: “Permanentemente estamos observando formas de delincuencia más o menos estructurada , y con distintos niveles de sofisticación, en diversas industrias, que impactan negativamente  en colaboradores, clientes, así como también en los resultados económicos de las empresas”, concluyó.