Estudio de la U. Talca: La investigación realizada por el académico de la Facultad de Ingeniería de esta casa de estudios, Armando Durán Bustamante, determinó que el año pasado se produjo un déficit en la construcción de viviendas sociales, a nivel nacional, superior al 50%.

Si no hay cambios en la velocidad de entrega de viviendas sociales, el déficit habitacional al cierre 2025 sería cercano a 750 mil casas, concluyó una reciente investigación de la Universidad de Talca que se basó en datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entregados vía Transparencia.

El estudio se denomina “Crisis habitacional en Chile: Construcción de viviendas sociales sin deuda”, y fue realizado por el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, Armando Durán Bustamante, quien determinó que el principal problema consiste en los tiempos de entrega de estas soluciones habitacionales que van de los 5 a 10 años en promedio.

“Las cifras del ciclo de vida, que es el tiempo en que se conforma un grupo habitacional hasta la entrega de las viviendas, no se ha acelerado y en algunos casos son superiores a los 15 años”, explicó.

De acuerdo con la investigación, a nivel nacional la cifra del déficit en 2023 llegó al 50,92%. Los casos más complejos se observan en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins, Los Ríos, Aysén y Magallanes, donde el déficit en la cantidad de viviendas sociales construidas en 2023 respecto al año anterior fue superior al 80%.

Uno de los puntos de inflexión se observa en las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), que son los organismos que asesoran a los comités habitacionales, los que -de acuerdo al estudio- presentan “una desigualdad ostensible en la postulación a los beneficios, enmarcándose principalmente en algunas zonas territoriales y desfavoreciendo a otras”, indicó el académico.

“Desde el punto de vista de la distribución territorial de las EGIS, sería esperable que el mercado las condujese a las regiones con mayor pobreza. Sin embargo, las consultoras participan desarrollando proyectos donde el ciclo de vida es menor, afectando la competitividad entre regiones y agudizando la crisis habitacional”, detalló.

Otra problemática se observó en la atracción de inversiones. “Se entrevistaron a EGIS y empresas constructoras para conocer cuáles son las mayores dificultades de la baja participación en proyectos de viviendas sociales, determinándose que la construcción de estas soluciones habitacionales, no ofrecen rentabilidad a los agentes que participan en el mercado y actualmente no es factible atraer inversión particularmente privada” indicó el profesor.

En este sentido, las acciones que podrían llevar a una mejora en la brecha de construcción de viviendas deberían apuntar a “trabajar con la demanda, la permisología y un mayor conocimiento de la trazabilidad para que participen nuevos actores, ya que el Estado actualmente cumple un rol fundamentalmente normativo y subsidiario del acceso a la vivienda a familias de menores ingresos”, manifestó el especialista.

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los datos obtenidos desde el MINVU, a los que se incorporaron cifras del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio de la misma cartera y entrevistas directas a 35 EGIS y 25 empresas constructoras nacionales.

Señor director

Días atrás, uno de los últimos actos del gobierno de Alberto Fernández fue presentar el nuevo Libro Blanco de la Defensa de Argentina, con las principales directrices en esas materias. Dentro del documento se observa, claramente, que se insiste en dos tópicos que han generado controversias con Chile en los últimos años: la plataforma continental y la Antártica.

Argentina refuerza el concepto de bicontinentalidad con la superposición de mapas que chocan con los espacios marítimos nacionales, pues se vuelve a mostrar la misma cartografía que ha sido cuestionada varias veces por el gobierno chileno y declara el énfasis en el eje Atlántico Sur – Antártica, siendo este último donde se encuentran las disputas con Chile.

Esto demuestra que los problemas no han terminado y que seguirán presentes, aunque se haya cambiado de gobierno.

Karen Manzano Iturra

Instituto de Historia Universidad San Sebastián.

Fraude al fisco en calidad de consumado es la acusación más dura que enfrenta la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga Guerra, y que por esa causa será imputada el 16 de enero de 2024 junto a otros 3 directores y un asesor, a las que se suma el caso de funcionaria fantasma a la eventual colaboradora de profesión periodista. La exalcaldeza enfrenta dos querellas, la más compleja por fraude al Fisco que involucraría  un valor estimado en 31 mil millones de pesos, valores por los cuales será procesada la ex alcaldesa por Maipú y actual comentarista de farándula, Cathy Barriga.

Cuando llegó Cathy Barriga al municipio de Maipú,  que asumió oficialmente el 6 de diciembre de 2016 en una ceremonia realizada en el denominado Teatro Municipal de Maipú,  vestida de un purísimo blanco como simbolismo de su nueva gestión, con muchas energías, ideas nuevas,  encontrando todo malo y mucha corrupción, gestión que  comenzó  denunciando un caso “Los funcionarios fantasmas”, a quienes eventualmente se les pagaba un sueldo en la gestión del alcalde saliente Christian Vittori y que según las informaciones  le entregó, estos nunca asistieron a trabajar al municipio; justamente hoy es  una de las acusaciones que enfrentar en el juicio que se inicia el 16 de enero de 2024 cuando sea imputada por Fraude al Fisco en calidad de autora y delitos consumados,  entre las cuales se le imputa el pago de un sueldo a la periodista Andrea Monsalve, que no habría ejercido su labor, pero cobró el correspondiente sueldo, al menos eso es lo que indican las pruebas presentadas por la Fiscalía Occidente y que tanto Cathy Barriga como la periodista individualizada como Andrea Monsalve deberá mostrar pruebas que ello no corresponde.

PRESIDIO MAYOR

Cathy Barriga la primera mujer alcaldesa de Maipú electa por voto popular será imputada por  el art. 239 del del Código Penal que indica

“El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

En aquellos casos en que el monto de lo defraudado excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

Si la defraudación excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales se aplicará la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

En todo caso, se aplicarán las penas de multa de la mitad al tanto del perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo”.

FALSIFICACION DE INSTRUMENTOI PUBLICO

Otro de los cargos es la falsificación de instrumento público, artículo 193 del CP, estos en calidad de autora y los delitos en calidad de desarrollo consumados y reiterados, estimándose que el fraude al Fisco suma 31 mil millones de pesos, cifra que significaba casi la cuarta parte del presupuesto municipal de la época

El mencionado Art.  193 indica:

“Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad:

1.° Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica.

2.° Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido.

3.° Atribuyendo a los que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho.

4.° Faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales.

5.° Alterando las fechas verdaderas.

6.° Haciendo en documento verdadero cualquiera alteración o intercalación que varíe su sentido.

7.° Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, o manifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el verdadero original.

8.° Ocultando en perjuicio del Estado o de un particular cualquier documento oficial”.

FORMALIZARAN A 5 EXFUNCIONARIOS JUNTO A LA EXALCALDESA

Junto a Cathy Barriga serán formalizados 5 ex funcionarios, colaboradores de su círculo más cercano a su gestión, 4 de ellos con los mismo cargos y corresponden: Ana María Cortes, que ejerció como directora de Secpla;  Andrea Díaz, que ejerció como administradora Municipal; Andrea Monsalve que habría ejercido como  periodista;  Luis Japaz, que ejerció como asesor de alcaldía (eventual Jefe de Gabinete), finalmente  María Palma, que sólo será imputada por falsificación de instrumento público.

Todos los antecedentes de estos cargos de imputaciones a los ex colaboradores de la gestión como a la exalcaldesa Barriga serán expuestos en la audiencia de formalización a efectuarse el martes 16 de enero de 2024.

Entre algunos cargos que se destacan está el pago de 95 millones de pesos a Andrea Monsalve, con la caudal de no ejercer su cargo y cobrar el sueldo, la entrega de un Bono años dorados a 14 funcionarios, adulterar administración financiera causando un daño cercano a los 31 mil millones de pesos, cuyos detalle en extenso se sabrán el 16 de enero de 2023.

Los primeros indicios indican que Cathy Barriga se arriesga en las dos querellas presentadas a una pena de 10 años  de cárcel efectiva, evaluándose para el día de la  formalización la posibilidad de cautelares.

Todo  indica un juicio largo, juicios  que nunca terminan con penas aflictivas, salvo las tradicionales clases de ética, aunque la alcaldesa da a conocer su inocencia en su portal social de Instagram.